Santiago de Chile, 9 ene.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile presentó hoy una querella por delito tributario contra Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y de su cuñada, María Carolina de la Cerda, informaron fuentes del organismo.
La querella se enmarca en el llamado "caso Penta", que involucra a empresarios y políticos derechistas y Wagner, según las fuentes, está acusado de facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, obtención indebida de devoluciones de impuestos y omisión de ingresos en sus declaraciones de impuestos a la renta.
Se trata de al menos 59 boletas de honorarios "ideológicamente falsas", emitidas entre 2009 y 2014, por un total de 120 millones de pesos (unos 200.000 dólares), cuyos destinatarios fueron varias empresas del grupo Penta.
Según la fundamentación de la querella, María Carolina de la Cerda, a instancias de Pablo Wagner, facilitó a esas empresas boletas de honorarios por servicios que jamás se prestaron, lo que permitió la omisión de esos ingresos en las declaraciones de impuestos de Wagner y la obtención de devoluciones indebidas.
El perjuicio fiscal ocasionado por estas acciones será determinado de forma definitiva en el curso de la investigación, señalaron las fuentes.
De acuerdo con las normas vigentes, estos delitos tienen penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta el 400 % del monto defraudado.
Por hechos relacionados con esta causa Wagner ya enfrenta una querella por cohecho presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y además su nombre está incluido en resolución de la Fiscalía, que este jueves pidió procesar por soborno y delito tributario a los dueños de Penta.
La solicitud afecta principalmente a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo, un banco de inversiones que administra activos por unos 20.000 millones de dólares.
Además de Wagner, acusado en este caso por cohecho y lavado de activos, aparecen también el gerente general corporativo de Penta, Manuel Antonio Tocornal; el asesor del grupo y exsenador del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) Carlos Bombal, y el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A., Samuel Irarrázaval, estos últimos por delito tributario.
La petición se concretó después de que varios implicados fueron interrogados en los últimos días, con el fin de esclarecer también el uso de recursos económicos entregados de manera fraudulenta a varios políticos en la campaña para las elecciones parlamentarias de noviembre de 2013.
La investigación ha desvelado correos electrónicos enviados a los directivos de Penta que dejaron en evidencia a políticos presuntamente beneficiados con platas ilegales.
Entre estos figuran los senadores Iván Moreira y Ena Von Baer, y los excandidatos Pablo Zalaquett y Laurence Golborne, de la UDI, y el diputado Felipe Kast, del derechista partido Evopolis.
También aparecen salpicados el exministro de Hacienda y excandidato presidencial independiente Andrés Velasco y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, surgió a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía a los socios del grupo Penta por fraude al Fisco.
Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron denunciados como autores de delito tributario por la emisión de boletas de honorarios y facturas falsas con el fin de disminuir la base imponible del impuesto a la renta en unos 2.000 millones de pesos (3,38 millones de dólares).
Hugo Bravo, un exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al denunciar que el grupo financiaba las campañas de la UDI con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.
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