Facua exige una lista de las empresas que cometen abusos contra los consumidores

La organización Facua-Consumidores en Acción ha planteado al Gobierno una exigencia: la creación de un registro público de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores. Debería ser una base de datos accesible para todos los ciudadanos en la que figurasen las empresas que hayan sido sancionadas en firme por las administraciones públicas ya sean de ámbito nacional, autonómico o local, o también por los tribunales de justicia.

¿Qué empresas estarían en ese listado? Las que cometan prácticas que atenten contra los derechos de los consumidores. Por lo tanto, ahí entrarían todas las que hayan recibido multas por ofertas engañosas, cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales y otras irregularidades que causan graves perjuicios a los consumidores.

Para Facua, es inadmisible la opacidad de las administraciones públicas sobre las multas que imponen a esas empresas. Según esta organización, las autoridades que tienen competencias optan generalmente por proteger a las empresas que cometen fraudes ocultando que han sido sancionadas por ellos, en lugar de salvaguardar los derechos de los consumidores.

Los consumidores tienen derecho a conocer qué empresas han sido sancionadas por cometer de forma reiterada una práctica abusiva o incurrir en una irregularidad grave, para valorar si merecen su confianza como clientes y estar alerta ante los abusos de los que pueden ser objeto.

Mientras cualquier empresa puede acceder a registros de morosos en los que incluso figuran irregularmente numerosos usuarios que carecen de deudas, los consumidores no tienen ninguna posiblidad de conocer si la empresa con la que va a contratar un servicio ha cometido abusos graves contra sus derechos.

Facua advierte que el desequilibrio entre los derechos y obligaciones de consumidores y empresarios se da desde antes de la propia compra y contratación de bienes y servicios. Así, un empresario puede saber si un consumidor es o no solvente pero un consumidor no tiene posibilidad de conocer si una empresa representa un fraude en potencia.