Daimiel (Ciudad Real), 7 ago.- La familia del sacerdote de Daimiel (Ciudad Real) Antonio Rodríguez, detenido en El Salvador por la supuesta introducción de objetos ilegales a pandilleros presos en las cárceles, quiere entrevistarse con el embajador del país centroamericano en España, Edgardo Suárez Mallagray.
Así lo ha indicado hoy a Efe la madre del sacerdote, María del Carmen López, que ha comentado que les gustaría reunirse con Suárez Mallagray para que les informe de la situación en la que se encuentra su hijo, al que llaman en El Salvador "padre Toño".
Desean pedir al jefe de la delegación diplomática salvadoreña que "lo dejen inmediatamente en libertad", si "como se está demostrando" no hay ninguna prueba contra su hijo, ha añadido López.
Asimismo, ha dicho que la familia no descarta poner en marcha otras medidas, como convocar movilizaciones o comenzar una campaña de recogida de firmas en apoyo al religioso.
Según ha informado su madre, Antonio Rodríguez permanece detenido en la Dirección Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC), después de que sus abogados se opusieran a que fuera trasladado al penal de Santa Ana tras haber pasado a disposición judicial.
Además, ha comentado que los abogados de su hijo le han informado que, de momento, deberá permanecer detenido en la sede de la Dirección Central de Investigaciones, al menos hasta el lunes o el martes, después de que la jueza que debería tomarle declaración haya asegurado "que no estaba preparada para llevar el caso".
La familia del sacerdote sigue sin poder contactar personalmente con él, lo que les inquieta "porque queremos saber cómo se encuentra", ha señalado María del Carmen López.
En cualquier caso, ha añadido que los compañeros del sacerdote que se encuentran en El Salvador sí han podido entrevistarse con él y le han comentado que "se encuentra bien de salud y de ánimo".
Para la madre del sacerdote la situación comienza a ser "insostenible", puesto que, ha afirmado, "mi hijo sigue detenido sin que se hayan presentado pruebas concluyentes contra él, porque lógicamente, no las puede haber de una persona que sólo está preocupada por hacer el bien".
El fiscal del caso, Álvaro Rodríguez, explicó hace unos días a los periodistas que en este caso se acusa al sacerdote de los presuntos delitos de "agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios", vinculados directamente con un cabecilla preso de la pandilla Mara 18, Carlos Mojica, alias El Viejo Lin.
El "nexo" entre Antonio Rodríguez y el jefe pandillero se basa en la supuesta interceptación de llamadas telefónicas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la investigación de un caso de extorsión en Santa Ana, caso con el que la fiscalía no liga al religioso.
Según el fiscal, como consecuencia de estas conversaciones se estableció que el sacerdote gestionó el traslado de al menos "un imputado de alto riesgo" de un presidio de máxima seguridad a otro con menos restricciones.
Además, Antonio Rodríguez supuestamente también gestionó la bajada de "la intensidad de los bloqueadores" de telefonía móvil en el presidio de Cojutepeque (centro), ha asegurado el fiscal.
Al sacerdote también se le acusa de introducir "objetos prohibidos en los centros penitenciarios".
Su defensa mantiene que todas estas acusaciones son "meras interpretaciones o especulaciones" de la fiscalía.
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