Familias de 12 jóvenes asesinados reclaman informes forenses y cadáveres

México, 5 sep.- Los familiares de doce jóvenes secuestrados el 26 de mayo pasado en un bar de la capital mexicana pidieron hoy "información oficial sobre los resultados de identificación" de los cadáveres hallados en agosto en una fosa y, de ser suyos, que se les entreguen los restos.

Los familiares exigieron una "reunión urgente" con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que les aclare la "información contradictoria" sobre el caso.

En una rueda de prensa en la capital mexicana, María de Jesús Fonseca, hermana de Eulogio Fonseca, una de las víctimas, leyó un pronunciamiento a nombre de todos exigiendo "verdad y justicia".

En el mensaje lamentan que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) se comprometiera a que "entre el 26 y el 31 de agosto entregaría los probables cuerpos" de los jóvenes asesinados y todavía no lo ha hecho.

Fonseca denunció a nombre de los parientes de los jóvenes que hasta ahora no han recibido "información oficial sobre los resultados de identificación (de los cuerpos)" ni de la fiscalía federal, que encontró los cadáveres, ni de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo del caso.

Además, exigieron la entrega de los resultados de los expedientes forenses completos de los jóvenes, incluyendo una copia para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), "con el fin de tener certeza sobre los procedimientos" que permitieron la identificación.

La PGR informó el pasado 27 de agosto que concluyó los peritajes de identificación de los asesinados y entregó los cuerpos a la PGJDF para que continuara las pesquisas alegando que el caso era "competencia de las autoridades locales", pero las familias aún no los tienen ni los han visto.

"Todavía no estoy segura de que sea mi hijo", dijo María Victoria Barranco, la madre de Alan Omar Atiencia.

Otra, Ruth Marines, dijo que desde el hallazgo de los cadáveres en una fosa del municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México, el pasado 22 de agosto, había pasado las dos semanas "más duras" de su vida, sin saber si el cadáver de su hijo es uno de ellos.

El abogado de las víctimas, Ricardo Martínez, alegó que hay "una serie de indicios" que apuntan a que los asesinatos fueron perpetrados por miembros de la delincuencia organizada y deploró que, teniendo eso en cuenta, la PGR no haya tomado el caso.

Además, lamentó que no se esté aplicando en el caso ninguno de los preceptos de la Ley General de Víctimas, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 9 de enero.

"Ahí está la norma, se debe de aplicar y no lo están haciendo. Pareciera que es una ley muerta", añadió.

Las familias pidieron también "medidas de protección" para los parientes de las víctimas por temor a que puedan sufrir algún tipo de agresión mientras exigen la defensa de sus derechos.

Las autoridades capitalinas atribuyen el secuestro y asesinato de los jóvenes a una venganza del grupo delictivo La Unión de Insurgentes por el asesinato de uno de sus integrantes el 24 de mayo presuntamente por miembros de la organización rival La Unión de Tepito.