FEMP alega para aclarar competencias y defender a los pequeños municipios

Santander, 15 mar.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha destacado hoy que las alegaciones de esta entidad al anteproyecto de reforma local se centran en clarificar competencias, entre ellas sanidad y educación, y "en la defensa a ultranza de los pequeños municipios".

Así lo ha explicado hoy el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, que ha presentado en una conferencia de prensa un "avance" de las alegaciones de esta federación al anteproyecto de la reforma local las cuales, según ha asegurado, se plantean con "lealtad institucional" y con "espíritu constructivo".

El regidor cree que "hay márgenes" para hacer cambios y lograr un documento "que satisfaga a todas las partes", ya que aún se está en la "fase embrionaria" del proyecto.

Según ha explicado, estas alegaciones suponen un "primer borrador" que la FEMP quiere trasladar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la espera de contar con las sugerencias de la Junta de Gobierno de la federación.

De la Serna insiste en que las comunidades autónomas deben hacerse cargo de la limpieza, el mantenimiento y la conservación de los centros educativos, y ha vuelto a defender que el retorno de las competencias de sanidad y educación a las autonomías se produzca en el plazo de un año y no de cinco, como fija el anteproyecto de ley de reforma de la administración local.

Los municipios quieren que el proyecto legal refleje "mejor" la posibilidad de traspasar a las comunidades autónomas el personal adscrito a esos servicios que se devuelvan.

En el lado contrario, la FEMP apuesta por que las entidades locales que estén saneadas puedan ejercer competencias que no sean propias, pues, a su juicio, el informe vinculante de la comunidad que se requiere "vulnera la autonomía local".

La Federación de Municipios piensa además que "no tiene sentido" que los municipios de menos de 20.000 habitantes no puedan tener competencias delegadas de las comunidades autónomas.

Y propone que el anteproyecto del Gobierno central recoja la posibilidad de que los municipios puedan asumir competencias en participación ciudadana y en cuestiones relacionadas con servicios tecnológicos y ciudades inteligentes.

La FEMP solicitará que se clarifique que los alcaldes de municipios de menos de mil habitantes puedan recibir algún tipo de retribución, algo que no prevé el texto del Gobierno. Según De la Serna "hay cierta confusión" al respecto y una vía para articular esa remuneración podría ser la dedicación parcial.

Esta federación no ve oportuno que la reforma local fije una retribución máxima para los empleados municipales, pero no para los trabajadores del resto de las administraciones públicas, y pedirá que los municipios entre mil y 5.000 habitantes puedan contar con algún eventual.

Otras reivindicaciones de la FEMP se centran en que las juntas vecinales aparezcan en el anteproyecto reconocidas como entidades locales menores, en fijar un plazo suficiente, de un año, para que los ayuntamientos se adapten al "coste estándar" de los servicios, y en corregir el "papel desproporcionado" que el anteproyecto otorga a los interventores municipales.

El presidente de la FEMP recalca que el interventor municipal "realiza una magnífica labor", que es "clave" para la fiscalización en los ayuntamientos, pero entiende que el anteproyecto de la reforma local "empieza a dar otras potestades" a esta figura.

La FEMP no comparte, por ejemplo, que los interventores sean cesados y nombrados sólo con autorización de la Administración General del Estado, ni que un alcalde no pueda pedir un informe contradictorio en caso de discrepancia.

Tampoco está de acuerdo con los mecanismos para la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes y, a su entender, la reforma local no debe regular la eliminación de las licencias de actividad, sino que ese tema tiene que abordarse en la legislación urbanística correspondiente.

De la Serna ha indicado que, cuando se trasladen las alegaciones al Ministerio, se tendrá que convocar una Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para que dé el visto bueno al anteproyecto, que después pasaría de nuevo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva para finales de año.