Fernández díaz dice que regularizar las ‘devoluciones en caliente’ ayudará a combatir la “amenaza terrorista”


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo hoy en el Congreso que dar cobertura legal a las llamadas ‘devoluciones en caliente’ o ‘rechazo en frontera’ ayudará a combatir la “amenaza terrorista”, en referencia al riesgo de atentados yihadistas.
Fernández Díaz se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Baja, durante el debate final de la Ley de Seguridad Ciudadana, que recibirá el visto bueno definitivo este jueves tras su vuelta del Senado.
Durante este debate, todos los grupos de la oposición expresaron su rechazo a esta ley y anunciaron que tratarán de derogarla la próxima legislatura. En concreto, el PSOE acusó al Gobierno de querer “amedrentar” a los ciudadanos, mientras que otros partidos acusaron a los populares de tratar de imponer una “dictablanda” y de limitar los derechos fundamentales.
Por contra, Fernández Díaz, que tomó la palabra al final del debate, sostuvo que la futura Ley de Seguridad Ciudadana garantizará más la libertad y que así se demostrará cuanto entre en vigor en julio.
FRONTERA CON ÁFRICA
Además, el ministro defendió que esta norma regularice el 'rechazo en frontera' en Ceuta y Melilla, al tiempo que destacó que el Senado ha incorporado una modificación garantista.
La Cámara Alta ha especificado que las devoluciones en lugares como Ceuta y Melilla se harán respetando los convenios internacionales de derechos humanos y garantizando a los inmigrantes irregulares la posibilidad de solicitar asilo en España.
A este respecto, el titular de Interior destacó el hecho de que la Unión Europea (UE) está pidiendo la “securización” de las fronteras exteriores de los Estados miembros, ante “la amenaza terrorista que tenemos”. A este respecto, el ministro remarcó que Ceuta y Melilla “son la única frontera exterior que la UE tiene en África”.
Al mismo tiempo, Conrado Escobar, en nombre del PP, afirmó que la futura Ley de Seguridad Ciudadana implicará un “claro refuerzo a nuestra democracia”. Sostuvo que, entre otras cuestiones, se pasará “de la ley de la patada en la puerta del PSOE a la del domicilio protegido” y “de los cacheos masivos a los controles regulados”.
Por su parte, José Ignacio Sánchez-Amor, en representación de los socialistas, anunció que su partido promoverá la “inmediata derogación” de la ley cuando regrese al poder, puesto que sólo busca “amedrentar” a los ciudadanos tras las protestas registradas en los últimos años contra el Gobierno.
“CLÁUSULA ANTI-PEQUEÑO NICOLÁS”
Según este diputado socialista, la futura Ley de Seguridad Ciudadana es “reactiva” contra las protestas ciudadanas y es el “complemento lógico del desmontaje del Estado de bienestar” que, a su juicio, ha promovido el PP. También aludió que a la futura norma sólo le falta una “cláusula anti-pequeño Nicolás”, ya que incorpora otras restricciones a colectivos concretos, como una “cláusula anti-desahucios”.
Además, Joan Guillaumes, de CiU, sostuvo que la norma que hoy será aprobada mantiene “un modelo policial propio del siglo XX, por no decir del XIX”, ya que, entre otras cuestiones, no contempla que policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra accedan a bases de datos internacionales, como los de Interpol.
Asimismo, Carlos Martínez Gorriarán, en nombre de UPyD, apuntó que la norma de seguridad ciudadana que se aprueba este jueves es “autoritaria” y propia de “un Estado en transición” o una “dictablanda”.
En cuanto a otros partidos, Joan Baldoví, de Compromis-Equo, tildó la norma de “ley despótica” que la oposición “sepultará” la próxima legislatura. A su vez, Joan Tardà, de ERC, acusó al PP de “institucionalizar el Estado policial” y de dotar a las Fuerzas de Seguridad de “poderes arbitrarios” para proteger a los “buitres especuladores” frente a las protestas ciudadanas.
Por último, Mikel Errekondo, de Amaiur, sostuvo que los populares están extendiendo a toda España las “políticas represoras” que, a su juicio, se vienen usando hace años en el País Vasco y Navarra.

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