Madrid, 2 sep.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de 1.200 millones de euros a diez directivos y seis sociedades de Pescanova, entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que pagar 178.856.577 euros.
Otros de los directivos son los consejeros Alfonso Paz-Andrade, para quien ha dictado una fianza de 125.066.753 euros y José Antonio Pérez-Nievas, con 54.798.491 euros.
También ha impuesto fianzas de 69.415.260 euros a cada uno de los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Robert Albert Williams, Jesús García García, Fernando de Sousa Faro, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas Moure y Alfredo López Uroz.
El juez Ruz impone asimismo cauciones civiles a Pescanova S.A., que tendrá que abonar 54.7840.678 euros, y a Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ICS Holding Limited y Inverlema, para cada una de las cuales impone 69.415.260 euros.
En el auto notificado hoy, el juez dicta las fianzas, destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias dirigidas contra cada uno de los directivos y les da diez días para abonarlas o, de lo contrario, decretará el embargo de sus bienes.
En el auto, Ruz considera que hay suficientes indicios de criminalidad contra estas personas como para imponerles las fianzas por este caso, que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la compañía agroalimentaria que luego entró en concurso de acreedores.
Según el escrito, los administradores de Pescanova S.A. se valieron de información de las cuentas anuales e informes económicos de la entidad "que no se ajustaban a la realidad" para proporcionar "públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial".
Ello ocurrió "al menos durante el tiempo en que los distintos querellantes (accionistas), confiando en la fidelidad de dicha información, adquirieron en el mercado de valores diferentes paquetes de acciones de dicha entidad".
Así, entre agosto de 2012 y enero de 2013, el auto explica que varios analistas recomendaron comprar acciones de Pescanova en base a la información financiera que les dio el presidente de la empresa.
Indica que, mientras se animaba a invertir en la compañía, "algunos querellados, a fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad, vendieron acciones de Pescanova S.A. antes de que esta situación se diera a conocer públicamente".
Estas conductas fueron indiciariamente, según el juez, constitutivas de delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas anuales, así como delitos relativos al mercado y a los consumidores, en concreto uno de falseamiento de información económico-financiera".
También pudieron incurrir en un delito de información relevante en relación a la venta de las acciones, de estafa por la información económica positiva de Pescanova "proporcionada por los querellados desde sus puestos de consejeros o de altos directivos de la entidad con conciencia de su falsedad, con la finalidad de conseguir participar en su capital social".
Los otros dos delitos que les imputa es uno de falsedad por "la emisión continuada, sistemática y planificada de facturas falsas" y de un delito societario respecto al expresidente Fernández de Sousa.
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