Fin del impuesto al carbono le costará a Australia 3.450 millones de dólares

Sídney (Australia), 16 jul.- El primer ministro de Australia, Kevin Rudd, indicó hoy que la sustitución del actual impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) costará a las arcas del estado cerca de 3.450 millones de dólares (unos 2.650 millones de euros) durante los próximos cuatro años.

El tesorero federal, Chris Bowen, confirmó ayer el cambio en política tributaria y la creación de un sistema de comercio de emisiones para el 2014, un año antes de lo previsto.

Para compensar la pérdida de ingresos, el líder del Ejecutivo australiano desgranó una batería de recortes para el gasto público y nuevas medidas tributarias, durante una comparecencia ante los medios en la ciudad de Townsville, en el norte de Australia.

El fin del Fondo de Seguridad Energética con dos años de antelación, el recorte en las subvenciones para implementar las tecnologías limpias y la captura del carbono o el endurecimiento de los impuestos para el uso privado de los coches de empresa, son algunas de las medidas.

Rudd también destacó que los hogares australianos seguirán recibiendo asistencia financiera por parte del Gobierno y que las nuevas medidas permitirán ahorrar unos 345 dólares (265 euros) de media en cada familia australiana.

"Los 370 mayores contaminantes del país seguirán pagando por la contaminación de carbono, pero estos costes serán reducidos, lo que supone una menor presión para los consumidores", dijo Rudd.

En julio de 2012 el Gobierno de la por entonces primera ministra, Julia Gillard, implementó un impuesto de 23 dólares locales (20,84 dólares o 15,95 euros) por tonelada de CO2 emitida y que debería aumentar un 2,5 % en términos reales hasta 2015, año en que se daría paso al sistema de comercio de emisiones.

El precio actual de este impuesto es de 24,15 dólares locales (21,88 dólares o 16,75 euros).

Con la aplicación del futuro mercado la emisión, una tonelada de gas contaminante costará unos 6 dólares locales (5,44 dólares o 4,16 euros), según los expertos.

El anuncio de modificar el polémico impuesto al carbono se da semanas antes de las elecciones generales previstas para el próximo 14 de septiembre.

El sector minero y otros empresarios se han opuesto abiertamente al impuesto sobre las emisiones de CO2 y achacaban un aumento en los precios del consumo eléctrico para las familias.