Finalizan las declaraciones de los 13 excomponentes del tripartito reusense

  • El exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez (PSC), y los dos primeros extenientes de alcalde, Eduard Ortiz (PSC) y Empar Pont (ERC), han sido los últimos en declarar, esta tarde, por el aval que el pleno concedió a Shirota, con lo que ya lo ha hecho todo el anterior equipo de gobierno.

Reus (Tarragona), 30 may.- El exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez (PSC), y los dos primeros extenientes de alcalde, Eduard Ortiz (PSC) y Empar Pont (ERC), han sido los últimos en declarar, esta tarde, por el aval que el pleno concedió a Shirota, con lo que ya lo ha hecho todo el anterior equipo de gobierno.

El juez imputa al menos tres delitos a los 14 ediles del anterior tripartito de izquierdas de Reus imputados por el aval de 3 millones concedido a la empresa Shirota, pero solamente han declarado trece porque uno de ellos está delicado de salud.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado reusense ve indicios de delito societario, de malversación de caudales públicos y prevaricación, cargos que podrían aumentar en los casos de los ediles que formaban parte del consejo de administración de Innova en la legislatura anterior.

Este es el caso de los tres declarantes de hoy, así como de Ernest París, Jordi Bergadà y Josep Morató, el único que no ha declarado por estar convaleciente de una grave enfermedad.

Pont ha sido la primera en llegar, pero su declaración se ha retrasado más de tres horas hasta que se ha encontrado un traductor jurado ya que la republicana quería declarar en catalán y el nuevo titular del juzgado, Diego Álvarez de Juan, es leonés y lleva muy poco tiempo en este destino.

La republicana Empar Pont ha salido de los juzgados cuando pasaban pocos minutos de las 20.30 horas tras declarar poco menos de media hora.

Su abogado, Pere Olivé, ha defendido que no existe ninguna causa y que no hay el menor asomo de delito, mientras que Pont no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, Pérez ha llegado a los juzgados acompañado de su letrado, Anton Aluja, y se ha parado ante la prensa congregada a las puertas del edificio judicial para manifestar que está "perfectamente tranquilo y convencido de la legalidad de lo que hicimos".

A la salida de los juzgados, tras declarar durante dos horas, Pérez ha hablado con los medios que le esperaban para explicar que ha podido declarar con tranquilidad y exponer todo el proceso de aprobación del aval a la empresa Shirota.

El exalcalde ha recordado que está "muy tranquilo" y que todo lo que hizo "lo hice de manera honesta y por el bien de la ciudad", además de añadir que cree que esta investigación es un asunto político y que pese a que algunas otras fuerzas políticas de la ciudad han intentado que el juez le imputara en todo el caso Innova, "no lo han conseguido".

El último en declarar ha sido el exprimer teniente de alcalde Eduard Ortiz, que tampoco ha querido hacer declaraciones a la salida, aunque su abogado ha recordado el secreto sumarial y ha evitado también hablar de los delitos que el juez imputa a los catorce regidores del último tripartito reusense.

Durante tres tardes consecutivas por este juzgado han desfilado los concejales para declarar ante el juez, el fiscal y sus respectivos abogados particulares, pero no los de la acusación porque el caso está bajo secreto sumarial.

El pasado mes de marzo todos ellos ya declararon en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona por este mismo caso, una pieza que ha separado el juzgado de Instrucción número 3 de Reus del caso Innova a raíz de la denuncia presentada por AraReus, en la oposición, contra el exdirector del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de Innova, Josep Prat, y el exdirector del CatSalut y responsable de Shirota, Carles Manté.

Los regidores del tripartito reusense aprobaron un aval a Shirota Functional Foods (SFF), dedicada a la investigación en la nutrición y la salud y los alimentos funcionales, de tres millones por parte del Ayuntamiento, cuando esta empresa estaba participada también por otros socios privados y, por esto, habrían incurrido en delito.

El actual gobierno municipal (CiU-PP) decidió, el año pasado, liquidar Shirota por las deudas acumuladas, hacerse cargo de los tres millones de euros del aval y despedir a sus 14 trabajadores, incluidos los científicos.

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