El magistrado fiscal Harry Díaz "presentó escrito de acusación" contra Martinelli, "por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado", según un comunicado que no menciona de manera directa al expresidente pero identifica el caso con el número de expediente.
El abogado de Martinelli, Rogelio Cruz, confirmó a la AFP que el caso mencionado en la nota oficial guarda relación con la investigación en contra de su defendido.
Díaz solicitó además a la Policía panameña que "se emita alerta azul a través de Interpol", para dar con el paradero de Martinelli, quien lleva desde enero fuera del país.
Martinelli, quien dice estar en Miami (Estados Unidos), es investigado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Las acusaciones de Díaz, magistrado de la Corte que funge como fiscal en este caso, se dan tras finalizar este viernes el período de investigación contra Martinelli por presuntas escuchas a opositores durante su gobierno.
"Lo único que puedo decir es que esto es tan absurdo que podría calificarse como ignorancia del magistrado Díaz", dijo Cruz sin dar más detalles.
"Lo que tengamos que decir lo diremos en el lugar y tiempo oportunos", añadió Cruz.
Por este caso, el Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá llamó a juicio el pasado 28 de agosto al exdirector de la Policía, Gustavo Pérez, y al ex secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, así como a otros dos exfuncionarios actualmente prófugos.
A todos ellos se les acusa de "delitos contra la libertad" por interceptar presuntamente las comunicaciones de unas 150 personas entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli.
Pérez, Garuz y los dos exfuncionarios prófugos deberán enfrentar cargos por presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad de los afectados en un juicio en su contra previsto para marzo del próximo año.
El escándalo se produjo tras la declaración jurada de un "testigo protegido", quien afirmó que en el Consejo de Seguridad Nacional se realizaron escuchas telefónicas ilegales, violando la privacidad de un importante número de ciudadanos.
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