Girona, 22 feb.- La fiscal ha mantenido hoy su petición de doce años para cada uno de los siete acusados de integrar una red, encabezada por el propietario de varios prostíbulos en Girona, José M., que captaba mujeres en Brasil para que ejercieran la prostitución en España.
La defensa, por su parte, ha reiterado su solicitud de nulidad de las escuchas telefónicas que se realizaron durante la investigación del caso y la absolución de los imputados, argumentando que no ha quedado acreditada ninguna prueba de cargo.
En los informes finales, la fiscal ha mantenido la petición de pena de doce años para cada uno de los seis acusados por los delitos continuados contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y prostitución.
Además, a uno de los procesados, Ceferino V., chófer y encargado de reclutar a las mujeres, se le ha añadido una petición de aumento de pena de dieciocho meses más por otro delito de tenencia ilícita de armas.
Según la fiscal, ha quedado probado, a través de las escuchas telefónicas, de los testigos y de las denuncias de las dos chicas brasileñas que destaparon el caso que esta red, con diferentes roles entre sus componentes, existía y estaba dirigida por José M.
La acusación da por seguro que los acusados contactaban con las chicas en Brasil, les mandaban el dinero para comprar los billetes de avión, conocían la ruta aérea más fácil para entrar en el país y, una vez en España, las iban a buscar al aeropuerto y las llevaban a los clubes donde les obligaban a devolver el doble o el triple del precio del pasaje.
La defensa, ejercida por el letrado Lluís Frigola, ha acusado a los policías de "falta de profesionalidad" y ha puesto en duda su "presunción de veracidad".
Según Frigola, los agentes podrían haber mentido en diversos puntos de la investigación y ha reiterado la "nulidad radical" de las escuchas telefónicas que, según él, no estaban justificadas.
A pesar de ello, el abogado ha indicado que, en el supuesto de que el tribunal diera por buenas las intervenciones telefónicas, igualmente cree que "no hay ninguna prueba de cargo que demuestre que ninguno de los acusados haya cometido ninguno de los delitos que se les imputan".
En el caso de Ceferino V., el letrado ha solicitado que se rebaje un grado la pena solicitada, para lo que ha argumentado que tenía la pistola de su época anterior de camionero y que no se ha demostrado que tuviera intención de usarla.
Los acusados han rehusado utilizar su último turno de palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia.
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