Fiscal uruguaya pide prisión de 26 personas por torturas a infractores juveniles

  • Una fiscal pidió este jueves la prisión de 26 funcionarios de un centro de reclusión de infractores juveniles, incluido el vicepresidente de la central obrera de Uruguay, por delitos de "tortura" contra los internados.

La inédita decisión fue anunciada en rueda de prensa por la fiscal Adriana Umpiérrez, quien declaró que "se solicitó el procesamiento, fue para 26 personas, 16 en carácter de autores y co-autores, 10 como cómplices. Para todos ellos fue por delito de tortura." Las penas en este caso tendrían un mínimo de dos años de prisión y es un delito no excarcelable.

El anuncio se enmarca en el escándalo que conmocionó en julio pasado a los medios, la población y el ámbito político por la difusión de un video que mostraba a más de 30 funcionarios del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) -internado de infractores juveniles dependiente del INAU (Instituto del niño y adolescente del Uruguay)- golpeando y maltratando a cuatro internados.

Umpiérrez resaltó que "la fiscalía solicitó la totalidad de los procesamientos con prisión...no había otra opción".

La fiscal justificó la decisión indicando que "lo que fiscalía entendió es que (el hecho) se ajustaba al marco legal de tortura" y que existió "trato cruel, inhumano y degradante para con los internos", pero sobre todo a que el video llegó a la justicia tras ser divulgado en medios y redes sociales provocando conmoción pública.

Uno de los puntos más candentes del escándalo es que está implicado el presidente del sindicato SINAU (sindicato de empleados del INAU) y además vicepresidente de la central obrera única PIT-CNT, José Luis López, hoy licenciado provisoriamente. Ello provocó reacciones políticas y sindicales, e incluso generó movimientos en la interna de la cúpula de la central sindical.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también reaccionó condenando el incidente y pidiendo al gobierno uruguayo a tomar cartas en el asunto, ya que la tortura se enmarca en las disposiciones del tratado de Roma sobre crímenes de derechos humanos.

La decisión final sobre la tipificación del delito corresponderá al juez, luego de que este viernes los abogados de los funcionarios acusados hagan sus descargos ante el tribunal.

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