Fiscalía brasileña investiga 170 casos de crímenes de la dictadura

Brasilia, 25 mar.- El Ministerio Público Federal (fiscalía) de Brasil abrió en los últimos dos años 170 investigaciones criminales sobre casos de secuestro y homicidio de opositores políticos cometidos por militares y policías en la última dictadura (1964-1985), informaron hoy fuentes oficiales.

Cuatro de estas investigaciones han derivado en la apertura de procesos en la justicia penal, según un informe sobre la actividad de la fiscalía contra los crímenes de la dictadura divulgado hoy.

En el informe, la fiscalía defiende la necesidad de juzgar los crímenes contra la humanidad, que califica como "imprescriptibles", a pesar de que el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó en 2010 la ley de Amnistía de 1979, que amparó a los torturadores.

Los autores del informe, de 128 páginas, reconocieron que no todas las investigaciones en curso derivarán en procesos penales, pero reiteraron la "importancia histórica y jurídica" de esclarecer los hechos sobre "más de 500" casos de muertes bajo tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.

Entre los cuatro casos que el Ministerio Público ha llevado a los tribunales se encuentra el del coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura, acusado de secuestrar a cinco integrantes de la guerrilla del Araguaia, grupo alzado contra los militares que fue aniquilado en la selva amazónica a comienzos de la década de 1970.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado brasileño a finales de 2010 por la represión violenta a la guerrilla, en la que se calcula que murieron 70 personas, incluyendo campesinos e integrantes del Partido Comunista.

La CorteIDH ordenó a las autoridades brasileñas indemnizar a las víctimas y castigar a los culpables, prohibiendo la invocación de la citada Ley de Amnistía.

El Ministerio Público incidió hoy en que el sistema judicial brasileño no puede recusar esa sentencia alegando la prevalencia del derecho constitucional interno, puesto que esas mismas leyes vincularon al Estado a la autoridad de la CorteIDH.