El Cairo, 11 mar.- La Fiscalía General de Egipto ha dado órdenes para permitir a los ciudadanos retener y entregar a la policía a supuestos implicados en disturbios u otros delitos en el país, lo que ha generado críticas de diferentes sectores.
Según un comunicado de la oficina del fiscal general egipcio, Talaat Ibrahim, difundido en las últimas horas en su cuenta de Facebook, los ciudadanos puede entregar a la policía a aquellas personas que vean que están llevando a cabo actos ilegales.
Entre estos actos, figuran el ataque a las instalaciones públicas y privadas, la obstaculización del tráfico, el corte de carreteras, el bloqueo de instituciones o la propagación del "terror" entre los ciudadanos.
Las instrucciones del fiscal general van dirigidas también a los policías encargados de practicar tales detenciones, ya que no necesitarán tener una orden legal de arresto previa siempre y cuando estén presentes en el momento del acto delictivo, según la nota.
Esta decisión de la Fiscalía se produce después de que parte de los policías egipcios se haya declarado en huelga para exigir que se les aparte de los conflictos políticos que afectan al país y que no se les conduzca a enfrentarse con los manifestantes.
La violencia volvió a estallar este fin de semana en varias ciudades del país, lo que causó la muerte de dos personas y decenas de heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Estos enfrentamientos se registraron después de que un tribunal confirmara las penas de muerte contra 21 acusados, condenara a 24 a distintos tipos de prisión y absolviera a otros 28 por la masacre de 74 personas en el estadio de fútbol de la localidad costera de Port Said en febrero de 2012.
En ese clima de tensión, el secretario general del partido gobernante Libertad y Justicia (PLJ, brazo político de los Hermanos Musulmanes), Husein Ibrahim, aseguró hoy en un comunicado que su formación "no acepta que alguien ejerza el papel de la Policía" en lugar de los agentes de seguridad.
"Nosotros confiamos en el patriotismo y capacidad (de la policía) para mantener la seguridad y hacer frente a cualquier perjuicio a la seguridad del país y a los intereses de los ciudadanos con un respeto total a los derechos humanos", agregó Ibrahim.
Por su parte, el Frente de Salvación Nacional (FSN, el principal grupo opositor no islamista) consideró que el Gobierno ha colocado a la policía contra el pueblo en vez de solucionar los problemas por la vía política.
La medida del fiscal "es una introducción oficial para que las milicias dependientes del grupo gobernante y otras formaciones afines sustituyan al cuerpo de la policía", destacó el FSN en un comunicado.
El portavoz de la Corriente Popular, uno de los partidos integrantes en esa alianza, Husma Muanis, explicó a Efe que esas supuestas milicias islamistas -acusadas hace unos meses de atacar a manifestantes opositores- pueden llevar a un aumento de la violencia y la división social.
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