Granada, 1 feb.- La Fiscalía General del Estado ha resuelto trasladar a la Fiscalía Provincial de Madrid la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos contra los autores de varias entradas del Diccionario Biográfico Español, pertenecientes a la Real Academia de la Historia, en la que pedían además el secuestro de la publicación.
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía elevara a la del Estado la denuncia al entender que corresponde a ese órgano la investigación de los hechos.
Según han informado hoy a Efe los denunciantes, encabezados por el catedrático de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman, el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado no afecta al fondo del asunto sino a la competencia para su conocimiento.
De hecho, en su resolución la Fiscalía del Estado tan sólo indica que se remite la denuncia a la de Madrid, a la que corresponde su conocimiento "por razón del lugar de producción de los hechos".
García Wiedeman, en representación de los denunciantes, ha lamentado que la Fiscalía General del Estado haya tardado "demasiado" en pronunciarse, algo que a su juicio "no se entiende" en una decisión tan simple, sin que además se haya entrado en el fondo del asunto.
La plataforma ciudadana que ha presentado la denuncia, suscrita por más de 800 personas, espera ahora que el órgano fiscal designado se pronuncie sobre la cuestión "en un plazo razonable".
El colectivo, que se personará en la investigación para velar por la salvaguarda de sus legítimos intereses, ha destacado la "nefasta" coincidencia de la decisión de la Fiscalía General del Estado con el juicio al que se enfrenta el magistrado Baltasar Garzón precisamente por abrir la causa contra el franquismo.
"Parece que la Fiscalía, que ha hecho una defensa de la inocencia del juez, no tiene el mismo interés por investigar a quienes podrían fácilmente alinearse con quienes persiguen al magistrado", ha añadido.
La denuncia contra la Real Academia de la Historia y los autores de varias entradas del Diccionario Biográfico Español fue interpuesta el pasado 19 de julio ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que resolvió abrir diligencias de investigación penal y remitirla a la Fiscalía General del Estado.
En su escrito, los denunciantes solicitaban que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de la Real Academia de la Historia y autores de determinadas entradas del Diccionario Biográfico Español, que han difundido informaciones que consideran "injuriosas" sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias.
Entendían por tanto que falsean la verdad con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados y justificar el genocidio franquista.
Además, señalaban que la Real Academia, valiéndose de subvenciones públicas, había promovido y difundido un documento de consulta "muy importante" con unos fines "claramente manipuladores e injuriosos", y pedían la devolución de los 5,8 millones de euros que recibió para financiar la obra y el secuestro de la publicación.
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