Fiscalía y Policía ponen en entredicho el trabajo de algunos jueces de la Audiencia Nacional

Se acabaron los tiempos en los que jueces, fiscales y policías trabajaban en sintonía en las investigaciones de la Audiencia Nacional. Ahora van cada uno por su lado. Esta desunión coincide además con el fin de la lucha contra ETA, objetivo que durante años centró las instrucciones del órgano judicial y sirvió para dirigir todos los esfuerzos contra un enemigo común que todos reconocían. Ahora el tribunal ha virado 180 grados y señala a un nuevo antagonista, la corrupción, al que se enfrenta desde otra perspectiva y con otras formas diferentes a las que utilizaba contra el terrorismo.

Durante los últimos meses, tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vienen mostrando cada vez más críticos con el trabajo de determinados jueces de instrucción, que no apuestan por las investigaciones que los primeros les plantean. En líneas generales, son la Policía o la Guardia Civil quienes inician una investigación, luego buscan el apoyo y la infraestructura del Ministerio Público, que capitanea Eduardo Torres Dulce. Una vez que recaban suficientes indicios de delito, los presentan en la Audiencia Nacional para su judicialización, extremo imprescindible, entre otras cosas, para poder intervenir las comunicaciones.

La principal razón de las críticas radica precisamente en que los instructores vienen rechanzando con demasiada frecuencia la admisión a trámite de querellas presentadas por la Fiscalía relativas a investigaciones policiales sobre trata de seres humanos, tráfico de drogas, organizaciones criminales o incluso de delitos económicos.

La mayoría de reproches planteados por las fuentes del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad consultadas se dirigen contra Fernando Andreu o Javier Gómez Bermúdez. Aunque tampoco encuentran la contundente respuesta judicial que esperan en Santiago Pedraz. Por otro lado, los jueces que más apoyan las causas planteadas por los investigadores son Pablo Ruz, calificado por las citadas fuentes como un magistrado "muy trabajador", y Eloy Velasco. Sobre el sexto instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aseguran que no interfiere en las investigaciones policiales.¿Querellas poco fundamentadas?

Fuentes del entorno de los jueces centrales explican que en ocasiones no pueden amparar las investigaciones de la Fiscalía, ya sea la de la Audiencia Nacional –dirigida por Javier Zaragoza– ya se trate de la de Anticorrupción –regida por Antonio Salinas–, porque las querellas vienen poco fundamentadas o porque consideran que no es este órgano judicial el competente para llevarlas a cabo, si no los juzgados de instrucción de las provincias donde se han podido cometer los delitos.

Un ejemplo de esto último fue lo que ocurrió con la denominada operación Edu, que investiga el fraude en los cursos de formación de Andalucía, que la Policía pretendía que se centralizara en la Audiencia Nacional y que finalmente se repartió en ocho juzgados de la comunidad autónoma, uno por cada provincia.

Con Andreu, el malestar de la Policía llegó hasta sus máximas cotas tras la puesta en libertad de 31 de los 32 miembros de la Camorra italiana detenidos por la Policía. En este caso, el instructor sí judicializó en asunto e inicialmente, según fuentes de la investigación, apostaba por desarticular varios clanes de la mafia instalada en España. Sin embargo, pocos meses después empezó a cambiar de criterio y a considerar que había pocos indicios contra los investigados, hasta tal punto que una vez llevada a cabo la denominada 'operación Tarantela' el pasado julio, el magistrado dejó practicamente a todos los arrestados en libertad.

Lo que más sorprendió a la Policía fue la excarcelación de uno de ellos en concreto, al que se le incautó un arma con munición y que tenía el agravante de acaba de salir de la cárcel tras una condena de nueve años de cárcel. También les chirrió mucho la decisión de poner en libertad a Ciro Rovai, considerado el líder de uno de los clanes de la mafia italiana investigada.¿Sólo los grandes casos?

Desde la propia Audiencia Nacional, determinadas fuentes perciben que algunos de estos instructores sólo buscan notoriedad y evitan enfrascarse en investigaciones complejas y arduas que, aunque sea relavantes desde el punto de vista penal, no lo son tanto desde la perspectiva mediática. Según quienes piensan de este modo, esto explicaría por qué ninguno de ellos quiere archivar las causas que tienen abiertas sobre justicia universal, a pesar de que la nueva ley aprobada por el Gobierno les obliga a dar por concluidas este tipo de investigaciones, como el caso de las diligencias dirigidas por Santiago Pedraz contra tres militares norteamericanos por la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak en 2003.

Por el contrario, la aplicación de la nueva norma sísirvió para que cuatro de los seis instructores archivaran las causas que tenían abiertas contra narcotraficantes detenidos en alta mar. Es decir, para los grandes casos de justicia universal decidieron no acatar la nueva ley y, sin embargo, sí archivaron los asuntos de tráfico de drogas cometidos por extranjeros que tenían sin lugar a dudas menos repercusión en los medios.

Esta decisión, que en un principio fue avalada por el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin embargo, sufrió un duro revés cuando el pleno del Tribunal Supremo, por unanimidad de todos los magistrados, concluyó que tanto los instructores como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional habían entendido mal la norma aprobada por vía de urgencia por el Gobierno, que salió adelante tras un problema diplomático entre España y China después de la orden de detención de varios de sus exdirigentes por el genocidio tibetano.

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