El gobierno de Jerez alude a nuevos informes para rechazar "pasos en falso" con los afectados del ERE municipal

En una nota, el gobierno local señalado que solicitó un "informe jurídico para resolver las dudas planteadas por el PP sobre la viabilidad legal de los acuerdos transaccionales con los trabajadores afectados por el ERE municipal y, además garantizar el cumplimiento del acuerdo plenario del 26 de noviembre de 2015, votado a favor también por grupos de la oposición".

Este informe ha determinado que los acuerdos podrían incurrir en "delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal", según ha informado el Ayuntamiento, que apunta además que el informe concluye señalando que los acuerdos transaccionales podrían "no garantizar la salvaguarda del interés público", algo que, se insiste, "debería certificar un secretario del Ayuntamiento antes de llevarlo a Pleno".

A la vista de este informe, y para conocer los posibles "riesgos penales" a tener en cuenta a la hora de votar, el PSOE, tras un acuerdo unánime de todos los concejales que conforman el gobierno local, encargó otro informe a la firma jerezana Manuel Hortas Abogados.

Este informe, emitido para el asesoramiento de los miembros de este grupo político fue solicitado para conocer si la formalización de los acuerdos transaccionales pudiera conllevar o no posibles riesgos de incurrir en algún delito.

De este último documento se ofreció un adelanto este viernes. Además, este sábado se convocó a las formaciones de Ganemos, IU y Ciudadanos para trasladarles su contenido, pero las tres "excusaron" su asistencia a dicha reunión por diferentes motivos a pesar de la trascendencia del asunto a tratar, según apunta el gobierno local.

El Ayuntamiento avanza que el expediente completo del proceso correspondiente se hará público y se remitirá a los trabajadores una vez que esté instruido, e indica que en el informe de Manuel Hortas Abogados se expone literalmente que "la transacción con los trabajadores, una vez que el Ayuntamiento acordó su despido y ya optó por la no readmisión en el trámite judicial, constituye un acto contrario a lo resuelto".

Así, según avanza el documento, "en este caso debiera existir una firme fundamentación tanto de hechos como de Derecho que impusiese la necesidad de actuar de forma contraria a lo ya acordado, como circunstancias sobrevenidas que determinarían grave perjuicio a la causa pública", por lo que "esta fundamentación fáctica y jurídica no aparece clara en los documentos consultados, privando así de sustento la decisión pretendida".

En este sentido, "la existencia de un expediente de regulación aprobado y resuelto favorablemente, con sentencia definitiva, y la ejecución de este expediente por el Ayuntamiento mediante los correspondientes despidos constituye una actuación administrativa firme", según este informe. El hecho de que el Ayuntamiento haya optado, en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, "parece impedir que pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión".

"En el caso de transigir y acordar la readmisión de esos trabajadores, esta decisión podría llegar a ser considerada carente de fundamento legal y solo sustentada en el cumplimiento de determinadas promesas electorales o acuerdos políticos ajenos a la gestión municipal", advierte el documento, que añade que sería "una resolución infundada" y, por ello, "arbitraria y susceptible de constituir delito de prevaricación".

INDEMNIZACIONES Y READMISIONES

Desde el gobierno local recuerdan que "el Ayuntamiento optó en 2015 por la no readmisión, presentando dicha opción formalmente en sede judicial, maniobra que ejecutó en los últimos días del mandato del gobierno del PP", de forma que "fue en el fin del mandato del PP cuando el Ayuntamiento optó en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, impidiéndose que ahora el Ayuntamiento pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión".

Dicho informe jurídico, además, añade que la transacción del Ayuntamiento de Jerez con los trabajadores sujetos al ERE por la que se acuerde su readmisión es "una resolución administrativa susceptible de constituir delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal".

Asimismo, también puede constituir "delito de malversación del artículo 432 del Código Penal y delitos de nombramiento ilegal del artículo 405 del Código Penal", según apunta el gobierno, que ha expresado que "dicho documento no podrá formar parte del expediente administrativo por ser un informe de asesoría particular" de los concejales del PSOE.

Así las cosas, el gobierno local vuelve a insistir en su "solidaridad y comprensión" con la situación de los trabajadores afectados por el ERE municipal del PP e incide que ha hecho "todo lo posible para conseguir instruir un expediente administrativo que, conforme a la ley, permitiera una reincorporación de dichos trabajadores a la plantilla del Ayuntamiento"·.

"NO DAR UN PASO EN FALSO"

"A pesar de este esfuerzo, las continuas lagunas jurídicas" expresadas por los informes jurídicos no concluyentes que se han ido emitiendo a lo largo de este periodo, añadidas a la "contundencia" de los nuevos informes jurídicos, aconsejan, desde la responsabilidad, "no dar un paso en falso que pudiera poner el peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública", indica el gobierno local.

A este respecto, señala que el propio interventor expresó dudas sobre las "lagunas e insuficiencias" de los informes jurídicos que obran en el expediente, "dándose la circunstancia que se han visto reforzadas por opiniones jurídicas de peso que expresan que dichos acuerdos transaccionales pudieran no solo ser contrarios al derecho, sino, además, ser constitutivos de delito contra la administración pública".

No obstante, el gobierno local "no quiere ser obstáculo para el proceso de reincorporación de dichos trabajadores", en tanto que otros grupos políticos han expresados que están plenamente convencidos acerca de la legalidad de los citados acuerdos transaccionales.

MENSAJE A LA OPOSICIÓN

"Es por ello que, a pesar de estos nuevos informes y aunque este gobierno no recomienda que lo hagan, si los grupos de Ganemos, IU y Ciudadanos todavía están convencidos de que se puede proceder a la reincorporación conforme a ley, se reitera la disposición a que cuatro miembros de estos grupos políticos se incorporen al Gobierno y aprueben dicha reincorporación en una Junta de Gobierno Local, si es que consideran que se puede hacer así de esta forma", añade el ejecutivo socialista.

Añade que dicha Junta de Gobierno Local se celebraría, "como es preceptivo, tras los plenos de aprobación de los Presupuestos y del Plan de Ajuste, requisitos necesarios previos para proceder a la reincorporación".

Apunta al respecto que "la posibilidad de contar con un secretario es mucho mayor para un pleno que abordase únicamente presupuestos y Plan de Ajuste, ya que las reticencias hasta la fecha se han centrado en lo referente al expediente del ERE municipal", de ahí que, "llegado el caso, se ofrece hacer esto último en una Junta de Gobierno Local, si es que dichos grupos de la oposición consideran que este proceder fuera conforme a ley".