Gobierno argentino analiza iniciativas para no criminalizar consumo de drogas

  • El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, confirmó hoy que el Gobierno estudia dos iniciativas para modificar la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes con el objetivo de "no criminalizar" el consumo de drogas, tal y como avanzó el máximo responsable del ente antidroga, Juan Carlos Molina.

Buenos Aires, 29 sep.- El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, confirmó hoy que el Gobierno estudia dos iniciativas para modificar la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes con el objetivo de "no criminalizar" el consumo de drogas, tal y como avanzó el máximo responsable del ente antidroga, Juan Carlos Molina.

"La perspectiva de no criminalización tiene que ver con el análisis de dos iniciativas", dijo Capitanich en su rueda de prensa diaria.

El jefe de Gabinete ratificó su apoyo a Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien ayer señaló que si de él dependiera "habilitaría el consumo de todo".

"Haría buenos centros, porque es la única forma que tenemos de luchar contra el narcotráfico", añadió.

"La no criminalización tiene que ver con nuestro hermano, que padece un problema de adicción, tanto de alcoholismo como de estupefacientes", agregó el jefe de Gabinete, quien expresó la voluntad del Gobierno de recuperar a los adictos y reinsertarlos en la sociedad.

La propuesta oficial fue duramente criticada hoy por el cura villero José María Di Paola, que señaló que Argentina no es Holanda ni Uruguay y afirmó en declaraciones radiales que ni él ni el papa están de acuerdo con la despenalización.

En diciembre de 2013, el Parlamento de Uruguay legalizó la producción y venta de marihuana, cuyo consumo ya era legal en el país, y creó un órgano estatal para controlar el sector.

La legislación vigente en Argentina castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas, y la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal.

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