Gobierno chileno guardará reserva fecha de cambio de prisión de represores

Santiago de Chile, 27 sep.- El Gobierno chileno anunció hoy que, por razones de seguridad, mantendrá en reserva la fecha en que serán cambiados de cárcel diez oficiales del Ejército condenados por violaciones a los derechos humanos, cinco de los cuales han presentado recursos de protección contra la medida.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, el primero de derechas que gobierna el país tras la dictadura de Augusto Pinochet, anunció el jueves la decisión de cerrar la prisión especial en que los represores están ahora, habilitada en 2004 por orden del entonces mandatario socialista Ricardo Lagos.

"Este es un operativo que está en manos de Gendarmería (servicio de prisiones), lo que implica una serie de elementos de seguridad y logística", dijo la ministra de Justicia, Patricia Pérez, en declaraciones al Canal 13.

"Por lo tanto, son ellos quienes están preparando el traslado y no les puedo indicar yo la fecha por razones de seguridad", añadió la funcionaria.

Piñera anunció el cierre del Penal Cordillera, donde permanecen los oficiales retirados en condiciones privilegiadas, y su traslado a Punta Peuco, otra prisión especial para violadores de los derechos humanos, situada a 35 kilómetros al norte de Santiago.

El mandatario invocó "la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería" para explicar su decisión, que ha desatado toda clase de reacciones.

Según se ha indicado, molestaron al Gobierno unas declaraciones del general Manuel Contreras, exjefe de la policía secreta de la dictadura y condenado a más de 300 años de prisión, que hace un par de semanas dijo a canales de televisión que no se consideraba un preso y que los guardias estaban ahí "para llevarle el bastón".

Contreras acompañó su afirmación estirando una mano, en la que un solícito gendarme se apresuró a ponerle el bastón.

También incomodó el anuncio de un almuerzo que sus compañeros del curso militar le iban a brindar esta semana al brigadier en retiro Miguel Krasnoff, condenado a 144 años de prisión, que finalmente fue cancelado por el revuelo que provocó.

En el Penal Cordillera, los diez reclusos son atendidos por 44 gendarmes, viven en cabañas dotadas de baños individuales, cocina, radio, televisión por cable y disponen además de canchas de tenis y otros espacios para recrearse, además de contar con nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeros y otros profesionales.

Punta Peuco, donde actualmente hay 44 reclusos atendidos por 66 gendarmes, cuenta también con comodidades desconocidas en el resto de las cárceles chilenas, cuyo principal denominador común es el hacinamiento y la escasez de vigilantes.

La prensa local ha mantenido una presencia permanente frente al Penal Cordillera en espera de que se concrete el traslado y durante la pasada noche captaron la llegada de un nieto de Manuel Contreras, quien ingresó con una maleta, pese a que en ese horario no están permitidas las visitas.

El abogado René López presentó este viernes en la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de protección en representación de cinco de los reclusos, entre ellos Manuel Contreras, para evitar su traslado a Punta Peuco.

Preguntado por el estado de Contreras, López dijo a los periodistas que "tengo entendido que ahora está muy bien, con su ánimo muy en alto, como buen soldado chileno", y agregó, con ironía: "Vengo a pagar el arriendo para que no lo echen".

Maite Contreras, hija del exjefe de la policía secreta, dijo al canal CNN Chile que la familia se siente engañada por el presidente Piñera, "que prometió mientras era candidato ayudar a que se cumpliera la ley de amnistía y la prescripción".

Agregó que la familia siente temor por lo que le pueda pasar a su padre, que sufre de varias enfermedades (es dializado tres veces a la semana) y hará responsable "de cualquier cosa que le pase en el traslado" al presidente de la República.

En tanto, Gisela Salas, hija del general Hugo Salas Wenzel, otro de los reclusos, afirmó que Piñera "fue desleal con la familia militar, hizo campaña con la familia militar, él se comprometió a no tocarlos, o cómo decirlo, a no molestarlos".

Salas añadió que Piñera hizo el anuncio para "ganar votos" y "quedar como un héroe".

Por parte de las víctimas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) afirmó que la cárcel de Punta Peuco tiene las mismas comodidades que el Penal Cordillera y que también debería ser cerrado.

Si Michelle Bachelet -que ya gobernó entre 2006 y 2010- gana las elecciones presidenciales del próximo 17 de noviembre en Chile, "debería cerrar Punta Peuco", dijo a radio Cooperativa Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.