Madrid, 27 jun.- El Gobierno ha señalado que la excarcelación de narcotraficantes extranjeros en aplicación de la reforma de la justicia universal está en consonancia con los convenios internacionales que no atribuyen a España la competencia para procesar a estos delincuentes.
En una respuesta parlamentaria por escrito a una pregunta de UPyD sobre las consecuencias de la nueva ley de justicia universal, el Ejecutivo destaca que los jueces y tribunales españoles no hacen sino respetar los principios recogidos en el Derecho Internacional.
Así, explica que la reforma recoge los supuestos relativos al narcotráfico que, de acuerdo a las normas internacionales, se pueden juzgar en España: que el buque o la tripulación sean españoles, navegue por aguas españolas, tenga destino a nuestro país, exista autorización por parte del país de su pabellón, que el envío de la droga haya sido organizado desde España o que sea aquí donde se pretenda blanquear el producto del delito.
La reforma, aprobada por el Congreso gracias a los votos del PP y que entró en vigor el pasado 15 de marzo, ha provocado la excarcelación de unos cincuenta narcotraficantes extranjeros.
Con todo, el Gobierno rechaza que esos presuntos delincuentes queden impunes puesto que existen mecanismos en el Derecho Internacional que instan a trasladarlos a aquellos países que puedan ser competentes para la persecución de estos delitos o al Tribunal Penal Internacional.
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