Gobierno EEUU pide a tribunal que suspenda ley de Alamaba contra inmigrantes

  • El Gobierno del presidente Barack Obama pidió hoy a un tribunal federal de apelaciones en Alabama que suspenda la aplicación de una ley en ese Estado contra los inmigrantes, al alegar que expone a las personas a discriminación.

Washington, 7 oct.- El Gobierno del presidente Barack Obama pidió hoy a un tribunal federal de apelaciones en Alabama que suspenda la aplicación de una ley en ese Estado contra los inmigrantes, al alegar que expone a las personas a discriminación.

Los abogados del Departamento de Justicia, en un recurso de 28 páginas presentado hoy ante el Tribunal de Apelaciones del 11 Distrito Federal en Atlanta (Georgia), argumentan que la ley de Alabama, que entró parcialmente en vigor el pasado 1 de septiembre, contraviene la autoridad exclusiva del Gobierno federal en materia de inmigración.

El recurso interpuesto hoy añadió desconcierto a los cuerpos de Policía de Alabama acerca de qué porciones de la ley tienen vigencia y deben aplicarse o si es que nada queda en vigor, en medio de las demandas de grupos que defienden a los inmigrantes.

La legislación promulgada en Alabama, según grupos defensores de los inmigrantes, es la más severa de las cinco leyes estatales que, inspiradas en la SB1070 de Arizona de 2010, se han adoptado recientemente en EE.UU. para combatir la inmigración ilegal.

El Departamento de Justicia insistió hoy en que para el Gobierno federal la prioridad en la aplicación de las leyes de inmigración está en la captura de los extranjeros que presenten una amenaza a la seguridad nacional o de los que hayan cometido crímenes.

La legislación permite que la Policía de Alabama solicite pruebas de residencia legal de los extranjeros y que se verifique el estatus migratorio de los alumnos en las escuelas públicas.

"Los estados no tienen autoridad para desatender las prioridades (del Gobierno federal) y para crear una colcha de retazos con políticas de inmigración independientes", añade el recurso del Departamento de Justicia.

"Asimismo ni la Constitución ni las leyes federales sobre inmigración permiten que un estado adopte medidas diseñadas abiertamente para ahuyentar a los extranjeros del estado (con) un programa de deportación de facto".

El Gobierno federal indicó que la ley de Alabama "puede impedir la acción de la ley federal, obstruye la regulación nacional general de la inmigración y presenta nuevas preocupaciones para los Estados adonde los extranjeros 'se deporten a sí mismos'",

Según el argumento del Departamento de Justicia, "es muy probable que esa legislación exponga a nuevas dificultades en sus actividades rutinarias a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos los escolares".

"Muchas familias ya hacen que sus hijos se queden en casa sin ir a la escuela por temor a la política inmigratoria del Estado", señaló.

Nueve días atrás, la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn se negó a impedir la aplicación de varias porciones de la legislación.

La jueza respondió así a un recurso del Departamento de Justicia de EE.UU. y 36 demandantes que habían alegado que varias porciones de la ley de Alabama son inconstitucionales.

Lovelace dejó en vigencia las estipulaciones que exigen que las personas porten pruebas de que tienen derecho a estar en el país y permiten que la policía verifique la situación migratoria de las personas involucradas en accidentes de tránsito y arrestos.

También quedaron en pie tras la decisión de la jueza Lovelace las estipulaciones por las cuales las escuelas públicas deben verificar la situación de inmigración de los alumnos y prohíben que los inmigrantes indocumentados hagan negocios o tengan contratos con agencias de gobiernos locales y estatal.

Los demandantes, encabezados por la Coalición de Interés Hispano de Alabama y el Departamento de Justicia, indicaron que apelarían a esa decisión y pidieron a Lovelace que, mientras tanto, dejara en suspenso la aplicación de la ley a la espera del recurso.

El miércoles, Lovelace rechazó esa solicitud y sostuvo que el Gobierno no había demostrado que la aplicación de la ley causaría un daño sustancial al interés público.

Hoy el Departamento de Justicia señaló que "hay informes de prensa que confirman que la ley ya está teniendo las consecuencias que se proponía, pero no pueden permitirse, y que consisten en ahuyentar a los extranjeros de ese estado".

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