El Gobierno ha destinado 544,982 euros para la contratación del bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, que se encargará de la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil presentada por Carles Puigdemont en Bruselas.
Este es el despacho escogido por el Ejecutivo tras el trámite de selección de bufete y el visto bueno de Hacienda para su contratación, según informa el Ministerio de Justicia en una nota. El valor de la adjudicación asciende a 450.413 euros a los que hay que sumar otros 94.568 euros en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.
La misma nota precisa que el despacho asume la defensa del instructor del 'procés' y del Estado para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, "defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas".
El Ejecutivo adopta esta decisión tras recibir el visto bueno de la Intervención General del Estado y después de que, a comienzos de semana, la ministra de Justicia rectificara en su postura en torno a esta cuestión y anunciara que defenderá al instructor del 'procés' hasta las últimas consecuencias.
Aunque en un primer momento el Gobierno consideró que se trataba de una cuestión a título personal del juez, la presión ejercida por el CGPJ y los informes favorables a su defensa de la Abogacía del Estado propiciaron un cambio de criterio por parte del Ejecutivo de Sánchez.
Carles Puigdemont y sus exconsejeros presentaron esta acción civil en un tribunal belga por un presunto delito contra el honor después de que Llarena apuntara durante una conferencia en Oviedo que en España no existen presos políticos.
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