La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fueron las encargadas de comparecer en uno de los Consejos de Ministros más esperados desde que llegó Sánchez a la Moncloa en el mes de mayo. En el mismo día en el que la Fiscalía y la abogacía del Estado emitieron sus escritos provisionales de acusación para los políticos encarcelados por el 'procés', el Ejecutivo dio sus explicaciones.
"No es una cuestión de gestos. Es una cuestión jurídica, de valoración de los hechos y estrictamente profesional. Es un debate que está entre los agentes jurídicos. No se trata de gestos. Se han basado en criterios jurídicos. De lo que hablamos es de una fase procesal, con un posicionamiento de los distintos actores. La Abogacía ha realizado esta valoración en referencia a los hechos que se circunscriben a los actos preparatorios al pretendido referéndum del 1 de octubre", manifestó la ministra de Justicia Delgado. Respecto a la posibilidad del indulto, algo que fue objeto de debate en la sesión de control en el Congreso, la vicepresidenta declaró que "es una figura constitucional".
En cuanto a la discrepancia con la Fiscalía, la vicepresidenta dijo que "sería bueno que todos nos mantuviéramos en el escrupuloso respecto al momento en el que entra este proceso, que a ninguno se nos escapa que es un momento complicado", respondió la ministra Calvo. "Esta es la primera ocasión en la que la Abogacía del Estado se pronuncia. En agosto, se dicta un auto de conclusión de la instrucción. La Abogacía del Estado está de acuerdo con el auto respecto a la conclusión de la instrucción. Pero hasta hoy no se había pronunciado", continuó en sus explicaciones la responsable de Justicia. "Tanto unos como otros expresan sus motivos jurídicos. Nadie socava la función de nadie", añadía Delgado.
A la vicepresidenta del Gobierno también se le preguntó respecto al cambio de criterio del presidente del Gobierno, que en mayo si veía delito de rebelión y ahora la Abogacía del Estado no lo contempla. Calvo negó tal cambio. "El presidente del Gobierno no ha dicho nunca que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Entre otras razones porque no compete al Gobierno pronunciarnos sobre un proceso que ya está en marcha", respondió.
Carmen Calvo dice que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y un periodista le "recuerda" que Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la vicepresidenta aduce que "por entonces no era presidente del Gobierno" #CMin pic.twitter.com/tLHl1GuarA
— Europa Press (@europapress) November 2, 2018
"La posición del Gobierno es la que es", añadió Calvo que aprovechó para señalar que en ese debate el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "no veía ningún delito", ni siquiera el de malversación de fondos públicos, cuestionado por el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro. "En las posiciones públicas, estamos defendiendo los intereses del Estado", dijo.
La vicepresidenta distinguió la posición de Sánchez cuando estaba en la oposición y en la que está ahora, ya como presidente del Gobierno, ya que le recordaron a Calvo que Sánchez si se pronunció a favor de la existencia de rebelión en las actuaciones de los exdirigentes soberanistas. Algo a lo que respondió la vicepresidenta con un escueto "eso fue en mayo".
"La abogada general del Estado ha analizado las pruebas y los hechos y ha elaborado el escrito de acusación" dijo Delgado, negando que el Gobierno haya presionado a la Abogacía del Estado. La titular de Justicia ha explicado que es la abogada general del Estado, Consuelo Castro, quien firma el escrito porque "se trata de una causa de extraordinaria relevancia". Bajo el punto de vista de la ministra, la posición de la Abogacía "no socava" la de la Fiscalía. "Son dos posiciones perfectamente defendibles por unos y por otros", ha insistido, incidiendo en que el escrito de la Abogacía simplemente evidencia que el debate jurídico existente en torno a los delitos y sedición ahora se ha trasladado a "los operadores jurídicos" de la causa del 'procés'.
"Somos un Gobierno que ha heredado una circunstancia tremenda. Que tiene tanto ámbito jurídico como político. No hacemos pronósticos respecto a lo que nos beneficia o no. Esto incluye el respeto a la acción de la justicia y trabajar en un espacio de valores democráticos para encontrarnos con los actores políticos de Cataluña. No hay otra salida", respondió Calvo en relación a los costes políticos de la decisión de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia.
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