Madrid, 3 nov.- Los grandes empresarios aseguran que es necesario un ajuste fiscal adicional del entorno de 30.000 millones hasta 2018 para conseguir bajar la deuda pública al 90 % del PIB en cuatro años.
El informe "España 2018" que ha hoy presentado el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) añade que es "primordial" mantener la senda de consolidación fiscal para asegurar la sostenibilidad de la deuda, ya que España todavía se encuentra en una situación fiscal "delicada".
"Es crucial que a partir de ahora se cumpla o incluso se sobrecumpla la senda prevista para evitar que la deuda se sitúe por encima del 100 % del PIB sucesivamente durante la próxima década", alerta el documento que ha presentado el presidente de Telefónica, César Alierta.
Según el CEC, habría que aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía para que se acelere la reducción de los ratios deuda-PIB y por otro lado alcanzar un superávit primario estructural superior al 1 % del PIB.
En este sentido, indica que son necesarias al menos "medidas adicionales permanentes equivalentes a un 3 % del PIB", es decir unos 30.000 millones de euros de ajuste fiscal.
Incide en que estas medidas deben recaer en recortes del gasto frente a un incremento de ingresos y recuerda que el Programa de Estabilidad del Gobierno 2014-2017 prevé medidas por valor de 20.000 millones, de los que 12.000 millones implican una reducción del gasto sobre todo de CCAA y de entidades locales.
Por ello, los grandes empresarios creen que es "imprescindible que no existan desviaciones sobre lo presupuestado y que se aprueben nuevas medidas que permitan reducir de una manera ambiciosa la evolución de la deuda".
Entre las medidas que proponen, están la de aumentar la lucha contra el fraude fiscal y laboral, que supondría una recaudación adicional de hasta 20.000 millones de euros al año, una mayor racionalización del personal de las administraciones públicas (impacto de unos 5.000 millones) y la activación de un plan de gestión del patrimonio público y de privatizaciones, que conllevaría un ahorro en la deuda de al menos 35.000 millones de euros.
Precisamente, sobre un plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral, el CEC pide además de mejorar la coordinación entre entidades territoriales y aumentar el número de efectivos, incentivar la transición de la informalidad a la formalidad.
Sobre este último aspecto, los grandes empresarios creen que habría que disminuir la carga fiscal para los trabajadores con menores ingresos, ya que actualmente la remuneración por hora de trabajo "sumergido" es 2,7 superior a la hora del salario mínimo.
También piden la utilización como medio de pago de cheques de prestación de servicios de baja cualificación, a través de los cuales se subvenciona el coste de determinados tipos de empleo.
Por último, las grandes empresas piden simplificar los trámites necesarios para acceder a la economía formal ya que avisan de que la elevada caga administrativa "es otro de los desincentivos para entrar en el mercado formal", sobre todo en el caso de empleos temporales. EFECOM
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