Lima, 29 dic.- El periodismo en Perú sufrió 189 atentados en 2011, entre los cuales figuran el asesinato de tres comunicadores y 93 agresiones físicas y verbales, informó hoy la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
El balance elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista de la ANP agregó que, durante este año, hubo 49 amenazas y hostigamientos, 21 presiones administrativas, 12 presiones jurídicas y 5 trabas al ejercicio de la profesión periodística.
También se registraron tres violaciones al secreto de las comunicaciones y dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.
El gremio periodístico denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay" de radio Ollantay en la región La Libertad, el pasado 3 de mayo, y de Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6 de la región Ancash, el pasado 8 de septiembre.
Asimismo, el homicidio de José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45 en la región Ica, el pasado 14 de setiembre.
Por su parte, el periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en la ciudad de Juliaca del diario La República, sufrió una tentativa de asesinato en noviembre último, al recibir dos disparos en una de las piernas por parte de encapuchados.
Del total de atentados reportados, 76 fueron cometidos por civiles, 50 por funcionarios civiles, 33 por desconocidos, 23 por policías, militares o guardianes particulares y 7 por los propietarios o directivos de un medio de comunicación.
Las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo fueron Cajamarca, que tiene una intensa actividad minera, con 45 ataques reportados, Arequipa con 23 incidentes y Lima con 21.
La ANP también expresó su preocupación y rechazo por el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo, en la región Ucayali.
Tras permanecer más de 6 meses en prisión, Garay Ramírez recuperó su libertad en octubre de este año.
De otro lado, la asociación de periodistas hizo un abierto llamado al presidente Ollanta Humala para observar la ley que penaliza la difusión de audios producto de las interceptaciones telefónicas, aprobada este mes en el Parlamento.
Según la ANP, esa norma impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
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