Iglesia en desacuerdo con multas a periodistas porque impiden información

San Salvador, 11 sep.- La Iglesia católica salvadoreña manifestó hoy su desacuerdo con las reformas al Código Penal hechas por el parlamento la semana pasada porque, aunque sustituyó las penas de cárcel a los periodistas por delitos contra el honor con multas, éstas impiden "que la gente este bien informada".

"Estamos en democracia, por tal no podemos ver con buenos ojos cualquier camino que lleve a impedir que la gente esté bien informada", dijo hoy en conferencia de prensa el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

La Asamblea Legislativa reformó el jueves pasado cinco artículos del Código Penal que establecían las penas de prisión relacionadas con los delitos de difamación, calumnia e injuria.

En lugar de ello, los legisladores establecieron que quienes incurran en dichos delitos podrán ser sancionados con un máximo de 360 "días-multa", calculados sobre la base de 6,25 dólares, que es el salario mínimo urbano diario en El Salvador.

"Es como una espada de Damocles, que está pendiente (...) de la cabeza de cualquiera de ustedes; eso es absurdo, no es ese el modo (para reprender) cualquier conducta incorrecta de un comunicador, hay otros caminos", añadió el jerarca.

Al mismo tiempo que indicó que "hay un temor siempre a la verdad y a la luz, pero la luz es la necesaria para poder caminar, tanto como persona como sociedad, con estos principios yo diría que ahí se quedaron cortos los legisladores".

La reforma al Código Penal fue aprobada por 46 diputados de los cuatro partidos de derecha, encabezados por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que presentaron la iniciativa en el Parlamento, de 84 miembros, de los que 81 asistieron al plenario.

Los 35 diputados del partido en el Gobierno, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), votaron en contra, porque ellos proponían un proyecto que mantenía las penas de cárcel y añadía sanciones como la pérdida de beneficios fiscales contra los medios de comunicación que incurrieran en delitos contra el honor y no dieran el derecho de respuesta a los afectados.