Asunción, 17 jun.- La Fiscalía paraguaya ha imputado a tres guardias de seguridad por tentativa de homicidio durante un desalojo de indígenas que habían ocupado un terreno, en el cual murió una persona, mientras que otro hombre está acusado por participar en el supuesto rapto de un guardia, informaron hoy varias fuentes.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando según los indígenas, un grupo de guardias privados intentó desalojarlos de esa tierra, que reclaman.
La víctima mortal es uno de los guardias privados de la compañía Leo S.A., contratados por Laguna S.A., la empresa que tiene el título de la tierra ubicada en el distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú (noroeste).
La policía inicialmente informó de que 14 personas resultaron heridas, aunque la Fiscalía dijo hoy que los heridos fueron diez, cuatro guardias y seis indígenas, que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales.
El fiscal Lorenzo Lezcano pidió al Juzgado Penal de Garantía de turno la prisión preventiva para los tres guardias, a los que imputó por tentativa de homicidio y lesión grave.
Asimismo, la policía detuvo a un cuarto hombre, Édgar Fermín Samaniego, quien era un bombero voluntario que acudió a atender a los heridos, acusado por supuestamente participar en el rapto de un guardia, según dijo hoy a Efe Fabián Quiñones, abogado de la comunidad indígena.
"Él se presentó voluntariamente a la Fiscalía" tras conocer los cargos, indicó Quiñones, quien negó que Samaniego fuera, como informaron algunos medios de prensa, empleado de la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de la cual él es también representante legal.
La Policía aseveró el lunes que el vigilante de seguridad fue tomado como rehén por los indígenas y denunció que había sido torturado por su captores.
Los nativos, pertenecientes a la etnia Ava Guaraní, fueron expulsados el 20 de mayo de la tierra en disputa, de unas 4.613 hectáreas, mediante un operativo policial con orden judicial, solicitado por Laguna S.A.
Según la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya, durante la operación policial se destruyeron más de 100 viviendas, templos y lugares sagrados de los indígenas.
Ocho días después, la empresa comunicó que los indígenas habían vuelto a ocupar la hacienda.
Los nativos dijeron a la Policía que fueron atacados por los guardias de seguridad el pasado domingo, mientras que estos mantienen que la agresión partió de los indígenas y que tuvieron que defenderse disparando balas de goma, según dijo a Efe el domingo el oficial de policía Carlos Osorio.
Los indígenas negaron tener armas de fuego, según Quiñones, quien dijo que siguen en los terrenos, que reclaman como parte de su territorio ancestral.
Los imputados por el fiscal Lorenzo Lezcano son los guardias Helio Vargas, Emiliano Ramón Pinto Ruiz y Nazario Marecos Gómez, mientras que el bombero es Édgar Fermín Samaniego Florenciano.
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