Los agentes "eran miembros de una organización criminal que buscaba enriquecerse a través de un patrón de conducta ilegal", para lo que usaron instalaciones y equipo de la policía, indicó el comunicado del Departamento.
Entre los cargos que se les imputan figuran tráfico de drogas, conspiración para violar derechos civiles, extorsión y mentir a las autoridades federales.
Los agentes, por ejemplo, entraban a residencias de personas sospechosas de crímenes para robar armas y drogas, pedían a detenidos pagos para dejarlos en libertad y mentían en documentos oficiales para ocultar sus acciones.
"La acusación muestra a una típica empresa criminal, pero en este caso las personas que portaban las armas y robaban las drogas no eran miembros de la mafia, eran agentes de la policía que violaron su juramento", señaló la fiscal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
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