Indígenas de Panamá piden que CIDH emita medidas cautelares para su seguridad

Washington, 23 mar.- Representantes de indígenas de la etnia Ngäbe Buglé de Panamá llevaron hoy sus protestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la esperanza de que el organismo emita medidas cautelares para garantizar su seguridad.

En una audiencia ante la CIDH, los indígenas recordaron los violentos incidentes del 5 de febrero, cuando la policía despejó la vía Interamericana que los miembros de esa etnia habían bloqueado a la altura de las provincias de Veraguas y Chiriquí, que dejaron dos muertos y decenas de heridos, incluidos varios policías.

Además, aseguraron que, pese a las leyes que han impuesto una jurisdicción especial a 5 comarcas indígenas, sus habitantes no tienen aún la propiedad colectiva adjudicada.

"Esto es consecuencia de la inseguridad territorial y las continuas invasiones de los colonos", afirmó Pedro Abreu, del Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngöbe.

Según dijo Abreu a Efe tras la audiencia, las jurisdicciones especiales designadas para los indígenas "sólo existen en palabras" porque "en la práctica se siguen expropiando las viviendas de los Ngöbe".

La ley que debate el parlamento panameño y que ha centrado el diálogo entre indígenas y Gobierno, y que crea un régimen especial para la explotación de los recursos minerales e hídricos en la comarca Ngäbe Buglé, es "inconstitucional, porque permite la expropiación", añadió Abreu.

El Gobierno panameño ya se ha comprometido a suspender temporalmente el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se desarrolla parcialmente dentro de la comarca de esa etnia, y a modificar la ley minera para prohibir la minería en ese territorio, según recordaron los representantes del Estado en la audiencia.

"El Estado panameño sabe que hay un reto muy grande a la hora de proteger la seguridad de los indígenas, y estamos haciendo grandes esfuerzos", dijo el administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Vladimir Franco.

Por su parte, el viceministro del Gobierno panameño, Javier Tejeira Pulido, justificó la actuación policial en la dispersión de la vía Interamericana el 5 de febrero, al asegurar que se hizo tras "8 días de parón que proporcionaron enormes pérdidas económicas".

Los policías emplearon perdigones para dispersar a los manifestantes, aseguró Tejeira, excepto en el caso de las dos personas muertas, que "son producto de armas de fuego" usadas por un solo policía que "violó el reglamento y puede ser destituido".

En declaraciones a Efe tras la audiencia, la líder indígena del Movimiento 10 de abril Adelaida Miranda negó esa versión de los hechos, al indicar que "toda la base de policía empleó armas de fuego", y que su organización halló "cartuchos de fuego de diferentes calibres en 18 puntos de la manifestación".

"Creemos que no va a haber justicia. Todo esto seguirá sucediendo a no ser que la CIDH emita medidas cautelares que garanticen nuestra seguridad", señaló Miranda.

Además, Miranda solicitó a la CIDH durante la audiencia que "profundice en la problemática a través de una visita a Panamá, que emita recomendaciones al Estado en su informe anual y que redacte un informe especial sobre la situación de pueblos indígenas en Panamá".