Interés económico y seguridad, entre los límites de la ley de transparencia

Madrid, 7 abr.- Los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa, las relaciones exteriores y la protección del medio ambiente son algunos de los límites que prevé el proyecto de ley de transparencia al derecho de acceso a la información pública.

En total, el artículo 11 establece trece límites, muy discutidos hasta el momento por los ponentes de la ley.

Completan la lista la protección del medio ambiente, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva y la prevención, investigación y sanción de los ílicitos penales, administrativos o disciplinarios.

La ponente socialista Meritxell Batet ha explicado a Efe que, al tratarse de límites genéricos, dependerán de la interpretación de quien los tenga que aplicar.

Batet reconoce que los socialistas han tenido "muchas dudas" con este artículo de la ley, pero señala que la opción de buscar "límites cerrados" planteaba más problemas.

"Los límites se podrían concretar más, pero no es fácil; hemos dedicado mucho tiempo para que los límites no se puedan malutilizar", afirma, y subraya que tal y como está redactado ahora el texto "no son obligatorios esos límites", por lo que su "uso y abuso dependerá de quien tenga que aplicarlo".

La diputada recuerda también que el artículo 11 es igual al correspondiente del Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, la norma de referencia que toman los estados para hacer sus leyes de transparencia.

Para otros grupos parlamentarios, los límites son tan amplios que permitirán a la administración seguir instalada en la "cultura de la opacidad".

El jurista y parlamentario del PNV Emilio Olabarría sostiene que las trece excepciones previstas impedirán que esta ley sea "suficiente para atajar prácticas de corrupción".

Su propuesta es sustituir el artículo 11 por otro que fije los límites del derecho de acceso en la ley de protección de datos y la ley de secretos oficiales.