Interior e Industria refuerzan la colaboración para perseguir el ciberdelito

Madrid, 4 oct.- Los Ministerios de Interior y de Industria han suscrito hoy un convenio para reforzar su colaboración en la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, así como en la protección de infraestructuras críticas en esta materia.

Han sido los secretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, quienes han firmado el convenio, según han informado ambos departamentos.

El acuerdo recoge mejoras en la protección de las infraestructuras críticas a través del Cuerpo Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

De acuerdo con el convenio, en materia de lucha contra el ciberdelito y el ciberterrorismo se multiplicarán las capacidades de detección, investigación y persecución del robo de información, el fraude electrónico, la suplantación de identidad, la pornografía infantil y la pederastia.

Además de la protección de las infraestructuras críticas, el convenio pretende mejorar la eficacia de la respuesta a los incidentes que puedan afectarles.

Según el Gobierno, el grado de dependencia de la sociedad respecto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) "crece día a día, por lo que conocer las amenazas, gestionar los riesgos y darles una adecuada respuesta, resulta esencial".

"La creciente influencia de las TIC en la economía, en los servicios públicos y en la vida de todos los ciudadanos hace que la estabilidad y prosperidad de España dependa en buena medida de la seguridad y confiabilidad del ciberespacio, cualidades que pueden verse comprometidas, entre otras causas, por agresiones deliberadas", subrayan los departamentos firmantes.

Al mismo tiempo que crece la dependencia de las nuevas tecnologías e Internet, aumenta también la amenaza contra el entorno digital.

De este modo, la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo pueden poner en graves dificultades a los servicios públicos y privados, a las infraestructuras críticas y a las actividades de las empresas y los ciudadanos.