Interrogan en Chile a ejecutivos Grupo Penta por fraude en campañas políticas

  • Fiscales chilenos interrogaron hoy a Carlos Eugenio Lavín, uno de los controladores del Grupo económico Penta, imputado en un polémico escándalo que se desató por la presunta entrega de dineros en forma fraudulenta para la financiación de campañas políticas en el país.

Santiago de Chile, 6 ene.- Fiscales chilenos interrogaron hoy a Carlos Eugenio Lavín, uno de los controladores del Grupo económico Penta, imputado en un polémico escándalo que se desató por la presunta entrega de dineros en forma fraudulenta para la financiación de campañas políticas en el país.

Según fuentes judiciales, el interrogatorio estuvo encabezado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes este lunes también interpelaron por más de diez horas al socio de Lavín, Carlos Alberto Délano por el mismo caso de corrupción.

La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, salió a la luz a partir de una investigación de la Fiscalía a los principales socios del Grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por unos 20.000 millones de dólares.

Las indagaciones ocurren pocos días después de que se levantara el secreto de la investigación y que por medio de la prensa se conocieran masivamente los correos electrónicos enviados por políticos a miembros del 'holding' solicitando financiación para sus campañas.

El fiscal Norambuena dijo a los periodistas que "efectivamente hemos estado tomando declaraciones, interrogatorios, a dos imputados, y creemos que esa diligencia, que ha sido larga, es útil para el esclarecimiento de los hechos".

Agregó que a raíz de estas declaraciones se están decretando otras diligencias "otras citaciones que se harán durante la semana respecto de otras personas".

Asimismo, dijo que la Fiscalía no requiere solicitar desafuero (en el caso de los legisladores), ya sea para citar a una persona, ni tampoco con el objeto de iniciar una investigación.

"No es necesario el desafuero", apostilló Norambuena.

Con el levantamiento del secreto de la carpeta de investigación se conocieron datos y declaraciones por el denominado Caso Penta que dejaron en mal pie a varios políticos involucrados por la presunta financiación irregular de las campañas políticas.

Entre ellos aparecen los legisladores Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y Ena Von Baer todos de las ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), así como Felipe Kast, del Partido Evolución Política (Evópoli).

También aparecen salpicados el exministro de Hacienda y excandidato presidencia, Andrés Velasco y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

Unos de los correos enviados por Ena Von Baer a Carlos Alberto Délano, el 18 de diciembre de 2013, señala que las campañas por su candidatura a senadora en la región de Los Ríos (en el sur de Chile) la dejaron con una "importante deuda" de unos 100 millones de pesos (unos 162.000 dólares) y que "espera ayuda".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a los dueños de Penta como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de 258 boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (unos 3,38 millones de dólares).

Hugo Bravo, un exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al señalar que el grupo financiaba las campañas del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) con dineros provenientes de negocios ficticios que acreditaban con boletas fraudulentas.

Bravo interpuso también una demanda laboral contra los propietarios de Penta, por 2.300 millones de pesos (unos 3,80 millones de dólares) por "despido injustificado, daño moral, acoso laboral, amenazas y hostigamiento", que fue acogida a trámite el pasado 8 de octubre por el tribunal correspondiente.

Paralelamente, la Cámara de Diputados estableció dos comisiones investigadoras, una para analizar el caso de financiación fraudulenta de campañas y otra para que revise en general los mecanismos a través que los cuales loa candidatos reciben aportes durante las elecciones.

El caso ha reabierto el debate sobre si el estado debe o no financiar las campañas, mientras el Congreso tramita un proyecto que reforma el sistema electoral.

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