Italia confirma el plazo de 18 meses para aprobar las reformas del Estado

Roma, 6 jun.- El Gobierno de Italia confirmó hoy el plazo de 18 meses que prometió el primer ministro, Enrico Letta, durante su investidura para aprobar las importantes reformas del Estado, entre las que figuran una nueva ley electoral y la reducción del número de parlamentarios.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves en Roma un proyecto de ley que define el proceso y constituye la comisión parlamentaria que preparará esas reformas, que, si no están listas en un año y medio, harán que Letta dimita y caiga el Gobierno, según ha prometido el propio primer ministro.

El Gobierno de coalición italiano, integrado tanto por el Partido Demócrata (PD) de centroizquierda de Letta, como por el conservador Pueblo de la Libertad (PDL) de Silvio Berlusconi y los centristas de Mario Monti, prevé que las reformas puedan estar aprobadas por el Parlamento a finales de octubre de 2014, al término de las cuatro lecturas preceptivas para este tipo de medidas.

La legislación prevé que si en las últimas lecturas de las reformas constitucionales éstas no se aprueban con una mayoría de al menos dos tercios de la Cámara, se deba convocar un referéndum para su ratificación, un voto popular que en esta ocasión el Gobierno quiere celebrar aunque se supere ese quórum.

"Hemos reforzado aún más el artículo 138 de la Constitución para que pueda exigirse el referéndum o referendos que se hagan sobre las reformas de contenido homogéneo, aunque la reforma obtenga los dos tercios previstos", dijo en rueda de prensa al término de la reunión del Gabinete el ministro para las Reformas, Gaetano Quagliariello.

El proyecto de ley aprobado hoy comprende la constitución de la Comisión parlamentaria para las Reformas Constitucionales y Electorales, formada por veinte diputados y veinte senadores, elegidos de acuerdo con la representación de los grupos en el Parlamento.

La comisión recogerá previsiblemente el próximo octubre el testigo del grupo de 35 "sabios" nombrado por Letta, profesores universitarios y constitucionalistas en su mayoría, que comenzarán a trabajar hoy para estudiar esas reformas que racionalicen el coste institucional y eviten nuevos bloqueos políticos.