Madrid, 11 mar.- Izquierda Unida ha reclamado hoy al Gobierno que se oponga públicamente a la "desmesurada" condena impuesta por el Tribunal Militar Marroquí en un juicio "pantomima" a 24 activistas saharauis implicados en el desalojo del campamento protesta de Gdeim Izik en noviembre de 2010.
La petición de IU se enmarca dentro de una declaración contra esta sentencia "injusta e ilegal" que, impulsada por la formación, cuenta de momento con la adhesión de una treintena de organizaciones políticas y sociales.
La declaración, en la que se exige la inmediata puesta en libertad de los activistas, será defendida en forma de proposición no de ley en el Congreso y de moción en los ayuntamientos en los que IU cuenta con representación.
También será entregada en la Embajada de Marruecos y en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha anunciado hoy el responsable de Solidaridad Internacional de IU, Francisco Pérez.
Según el texto de la declaración, el Tribunal Militar Marroquí carecía de legitimidad para juzgar unos hechos ocurridos en los territorios ocupados del Sahara, por lo que el juicio contra los activistas es "nulo de pleno derecho".
Este tribunal condenó el pasado 16 de febrero en Rabat a 24 saharauis, 22 de ellos a penas de entre 20 años y perpetuidad, por la muerte de once agentes marroquíes en los disturbios ocasionados durante el levantamiento del campamento de Gdaim Izik, formado por 20.000 residentes del Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún para reivindicar sus derechos sociales y económicos.
En el levantamiento se produjeron enfrentamientos con la policía marroquí que acabaron con la muerte de tres saharauis y de once agentes.
La declaración señala también que al tratarse de un "juicio colonial" fue un "juicio militar" con un objetivo político de represión y, por tanto, "una farsa y un montaje contra los acusados para intentar acallar con sentencias durísimas y desmedidas a la creciente resistencia saharaui en los territorios ocupados".
Además, exige al Gobierno marroquí el reconocimiento de la ilegalidad del juicio, su nulidad y la puesta en libertad de los activistas condenados.
Por último, manifiesta la preocupación de los firmantes por la "violación sistemática" de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y muestra su apoyo a los presos políticos saharauis.
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