Iu pide sanciones para las empresas que incumplan la reserva de plazas para personas con discapacidad

Los diputados de IU Ascensión de las Heras y José Luis Centella han presentado una proposición no de ley para urgir medidas sancionadoras para las empresas públicas y privadas que incumplan la reserva de plazas de trabajo para personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural ha registrado esta PNL, a la que tuvo acceso Servimedia, cuando se han cumplido los 30 años de la ley para la integración social de las personas con discapacidad (Lismi).
Con esta iniciativa, IU busca que el Congreso inste al Gobierno a establecer “de forma urgente” los medios necesarios para cumplir los objetivos de la reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad en los organismos públicos, y también las empresas privadas.
En este sentido, reclama que se establezcan “medidas sancionadoras en caso de incumplimiento y sin perjuicio de su sostenibilidad empresarial”.
De las Heras y Centella señalan que “la misma administración reconoce que se está muy lejos de alcanzar el objetivo del 2% o el 3% de personas con discapacidad contratadas tanto en la administración como en las empresas de más de 50 trabajadores”. Incluso hay ayuntamientos, agregan, donde “no existe ni una sola persona con discapacidad entre el personal contratado”.
La PNL busca además medidas específicas para ayudar a las personas con discapacidad intelectual, puesto que hasta ahora no se les había asignado un cupo de reserva para empleos. Fue el reciente proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad la que les asignó el 2% del cupo.
Así, pide al Gobierno que establezca los medios necesarios para, “excepcionalmente”, llevar a cabo medidas de discriminación positiva que, de alguna forma, “palien el grave déficit que arrastra el colectivo de personas con discapacidad intelectual”. Además, reclama que la normativa de las pruebas de acceso se adapte a las “condiciones específicas” de este colectivo.
LAXA EXCEPCIONALIDAD
En la iniciativa, De las Heras y Centella denuncian la “laxitud” con la que se aplica el Real Decreto 364/2005, que permite sustituir contratación directa por la adopción de forma “excepcional” de medidas alternativas de contratación de bienes y servicios con Centros Especiales de Empleo, entre otras.
“El problema es que la excepcionalidad se constituye en norma”, dicen estos dos diputados de IU, quienes señalan que, según el informe “IBEX 35: 2010 DiscCert España”, sólo el 8,4% de las empresas del IBEX 35 cumplen con la Lismi mediante la contratación directa.
Tras señalar que, según la Lismi, los Centros Especiales de Empleo fueron creados como mecanismos de tránsito hacia el empleo ordinario, De las Heras y Centella aseguran que en realidad son “guetos en donde las personas con discapacidad tienen muy pocas posibilidades de acceder al mercado de trabajo normalizado”, debido a la falta de una normativa articulada y vigilada por la Administración.
Por eso, la PNL pide que se revise “el reglamento y las funciones de los CEE, de forma que cumplan con el papel que les asigna la Lismi, como mecanismo de tránsito hacia el empleo ordinario”. “Para ello, la Administración articulará un procedimiento y dispondrá los medios para su cumplimiento”, añade el texto.
Además, De las Heras y Centella buscan que se establezca un salario mínimo de convenio (1.100 euros) para la figura del operario de los CEE, “que dignifique la situación social de las personas con discapacidad”.
“Que las administraciones públicas exijan obligatoriamente el cumplimiento de la LISMI en los procedimientos de contratación”, “que las grandes empresas cumplan con la ley mediante contratación directa” y “que sea imprescindible el cumplimiento de la LISMI para la validez jurídica de los convenios colectivos” son las otras medidas que reclaman en la PNL.
Esta proposición no es la única iniciativa parlamentaria con motivo del cumpleaños de la Lismi. De hecho, el Congreso de los Diputados celebrará el próximo 29 de mayo el 30 aniversario de la aprobación de esta ley, con la presencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del presidente de la Cámara, Jesús Posada.