Izquierda unida incluye las mociones de censuras ciudadanas en su programa marco para las elecciones de mayo

Izquierda Unida ha incluido la "moción de censura ciudadana" para presidentes autonómicos, alcaldes y diputados y senadores en su programa marco para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.
Ese programa fue presentado este miércoles en rueda de prensa, y servirá como marco para que las distintas federaciones de la coalición concreten sus propuestas en los distintos pueblos, ciudades y comunidades autónomas donde haya elecciones.
Incluyen esa propuesta entre las medidas para garantizar una democracia participativa, y con ella pretenden garantizar la revocabilidad de los cargos públicos. Sugieren adaptar el mecanismo de moción de censura a los diferentes procedimientos de elección de los cargos. Como punto de partida, proponen que se pueda poner en marcha transcurrida la mitad del periodo para el que fue elegido ese cargo, por un número no menor del 20% de los electores de la circunscripción correspondiente. Una vez conseguidas las firmas, dice la propuesta, se sometería a votación popular la propuesta de revocación.
En ese mismo capítulo, IU propone rebajar el número de firmas necesarias para impulsar una iniciativa legislativa popular, establecer mecanismos de consulta popular para asuntos de trascendencia autonómica o municipal, fomentar la participación de los ciudadanos en la gestión de los bienes y servicios públicos y en la dirección de los organismos y empresas públicas, así como en la elaboración de los presupuestos y en el control de su ejecución.
La coalición propone también derogar la "ley anti-ayuntamientos del PP", ampliar las competencias autonómicas de acuerdo con un modelo de Estado federal solidario, aprobar una ley de financiación local, reformar las leyes electorales autonómicas para asegurar la proporcionalidad, y sustituir las diputaciones por entidades "más representativas".
En cuanto a las medidas contra la corrupción, IU propone una ley "integral" y "severa", que incluya la expropiación de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. También la eliminación de los complementos por cargo y de la inmunidad, la publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos, reforzar las incompatibilidades, y eliminar el número de asesores, entre otras cosas.
En el caso de los municipios, la coalición aboga por crear registros públicos de recalificaciones del suelo y por incrementar la participación pública en las plusvalías. Defienden también una ley que garantice el acceso a la información de las instituciones públicas, y la aplicación de la memoria histórica en todos los pueblos y ciudades de España.