Jefa de Intervención dice que las ayudas de los ERE no deberían haberse dado

Sevilla, 5 oct.- Una jefe de servicio de la Intervención General de la Junta que analizó las ayudas del caso de los ERE declaró que los expedientes carecían de documentación, tenían una imputación presupuestaria incorrecta y presentaban graves irregularidades que deberían haber llevado a su no concesión.

La funcionaria R.L.I. declaró como testigo ante la Guardia Civil en septiembre del 2012 y relató que en el año 2004 el interventor general de la Junta le encomendó, como experta en subvenciones, analizar una serie de ayudas que estaba concediendo la Consejería de Empleo mediante las llamadas transferencias de financiación.

Según su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, la interventora manifestó que "le llamó la atención la falta de documentación, algo totalmente fuera de lo común" en los expedientes que hasta entonces había visto en su carrera profesional, pues "los documentos asociados a los distintos expedientes estaban desordenados en incompletos".

Además, en alguna ocasión en un mismo expediente se encontraba con dos subvenciones, es decir, "se consignaba un importe total y analizando el expediente se determinaba que existían dos beneficiarios y dos finalidades, o un beneficiario y dos finalidades".

La Guardia Civil informa a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, de que esta declaración se inserta en las áreas en las que pretende avanzar en la actualidad, correspondientes al funcionamiento de las consejerías de la Junta que tuvieron relación con las agencias IFA e IDEA y el programa presupuestario 31L, a través de los cuales se concedían las ayudas.

Además, informa de que en los últimos meses "ha profundizado en la actividad desarrollada por distintos protagonistas en el perfeccionamiento de la presunta actividad ilícita investigada, tales como mediadoras, asociaciones de trabajadores, aseguradoras o despachos de abogados".

En este sentido, concede especial interés al control desarrollado por la Intervención General de la Junta, dice la Guardia Civil, quien recoge la afirmación de la funcionaria de que los expedientes estudiados tenían la naturaleza de subvenciones excepcionales, pese a lo cual "carecían de toda la documentación que es necesaria" para tales casos.

También era incorrecta la imputación presupuestaria y, en consecuencia, se omitió la fiscalización previa, que habría podido detectar las anomalías en los procedimientos.

Los errores detectados "motivarían por sí solos la emisión de nota de reparo ante una fiscalización previa", afirmó la funcionaria.

Preguntada si es frecuente este tipo de actuaciones, R.L.I. manifestó "que no le ha pasado nunca, ni antes ni después de estos hechos".

También manifestó que nunca, en su experiencia como funcionaria, había encontrado este tipo de tramitación de expedientes, pues "no sólo la imputación presupuestaria era inadecuada sino que además carecía de gran parte de la documentación precisa para su tramitación y se había omitido su fiscalización previa".

Se trataba de errores "de gran relevancia administrativa" por su gravedad, ya que "si se hubieran detectado estas irregularidades en el ejercicio de la función interventora habría motivado la emisión de un informe fiscal de disconformidad".

La Consejería de Empleo, a su juicio, "debía de ser consciente del criterio de la Intervención General" y las ayudas "no debieron concederse debido a las irregularidades administrativas reveladas en los expedientes", según la interventora.