Jefe de Cicig se desdice de críticas a su antecesor Francisco Dall'Anese

Guatemala, 14 oct.- El fiscal colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se desdijo hoy de las criticas que hizo el viernes en contra de su antecesor, el costarricense Francisco Dall'Anese, a quien señaló de haber presentado informes basados en "rumores".

"Lamento la generalización que algunos medios hicieron de mis recientes declaraciones" y "respeto, reconozco y destaco la valiente y valiosa labor desarrollada por los anteriores comisionados, en su decidida lucha contra la impunidad en Guatemala", señaló Velásquez en un comunicado oficial divulgado este lunes.

El viernes, Velásquez dijo que el denominado informe "Los jueces de la impunidad", publicado por Dall'Anese en noviembre de 2012 en el que acusó a 18 jueces de "fomentar la impunidad" y pidió que fueran procesados, se basó en "rumores e informaciones no verificables".

En ese informe, Dall'Anese, quien dejó el cargo en agosto pasado, detalló un listado de jueces a los que acusó de "fomentar la impunidad con fallos a favor de grupos criminales y corruptos, dictar fallos contrarios al derecho y favorecer a las redes criminales".

Según Velásquez, ese informe "ha generado contradicciones porque en muchos de los casos se actuó por rumores e informaciones no verificables y de difícil verificación".

Aunque el jefe de la Cicig no precisó con base a qué informaciones le restaba validez al informe elaborado por Dall'Anese, aseguró que el mismo se hizo "sin tener una prueba real de las actividades delictivas que pudieron ser atribuidas a los jueces".

En el comunicado emitido este lunes, Velásquez aseguró que su "opinión" sobre algunos señalamientos del pasado realizados contra jueces, "es que pudieron haberse basado en rumores".

Sin embargo, aseguró, "no aludía con ello al informe 'los jueces de la impunidad', el cual se apoyó en un estudio detallado de numerosas decisiones judiciales que han favorecido a la impunidad en el país, y cuya valoración para determinar eventuales consecuencias penales corresponde a la Corte Suprema de Justicia".

Además, señaló que "solo en los casos comprobados o muy documentados de actividades ilícitas realizadas por jueces, se debe proceder a la denuncia pública o al señalamiento en cuanto favorezcan a estructuras criminales".

El informe presentado por Dall'Anese generó fuertes críticas de parte de jueces y abogados, lo cual enfrió la relación de apoyo entre el Poder Judicial y la Cicig.