Jiménez Villarejo considera que "España tiene un serio problema de corrupción política"

Barcelona.- El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que "en España hay un serio problema con la corrupción política, que está incrustada en el propio sistema político, en el funcionamiento de los partidos políticos y en las instituciones políticas".

En unas declaraciones al programa "El Matí" de Catalunya Ràdio recogidas por Efe, ha lamentado la respuesta del poder judicial ante la corrupción, salvo en algunos casos concretos en los que ha sido más enérgica.

En este sentido, ha dicho que dejar un caso como el Palau de la Música, esperar a que venga otro y lo haga, y otro que lo termine de hacer es algo parecido a lo que ha ocurrido con el 'caso Fabra' en Castellón.

También ha añadido que en el caso Palau era bastante incomprensible la actitud del juez de instrucción frente a peticiones de la fiscalía, que ha definido como "una actitud del poder judicial de cierta pasividad, que es grave y que no se sabe a qué corresponde, si a complacencia o a otras cosas".

En la entrevista ha lamentado la muerte del director de la Oficina Antifraude de Cataluña, David Martínez Madero, porque cree que ha sido una pérdida irreparable y era una esperanza para todos y para el futuro de la lucha contra la corrupción, con fidelidad a los principios democráticos.

Para Jiménez Villarejo, la semilla dejada por Martínez Madero en la lucha contra la corrupción "es un patrimonio que nos ha dejado" y asegura que siempre habrá jueces, fiscales y responsables públicos que abordarán esta enorme tarea, que cree que no tiene vuelta atrás.

Ha remarcado que cuando se disponen mínimos recursos para afrontar la corrupción y el crimen organizado y hay voluntad ética de hacer cosas para acabar y golpear a la corrupción y para eliminarla del mapa político, se puede conseguir.

También se ha referido a la decisión del nuevo Gobierno de la Generalitat de derogar el Código de Ética que impulsó el anterior Gobierno, asegurando que ha sido un error político y un grave retroceso en el desarrollo de una política democrática de seguridad pública.