Jpd celebra su xxx congreso con vocación de contribuir a “un cambio de ciclo histórico”

Jueces para la Democracia (JpD) celebrará los días 4 y 5 de junio en Cádiz su XXX Congreso, bajo el lema 'Justicia y Constitución en el siglo XXI', con la intención de explicitar que la organización de jueces progresistas quiere involucrarse en “el previsible cambio de ciclo histórico” que se registrará tras las citas electorales de 2015.
JpD asegura estar dispuesta a implicarse en el diseño de aportaciones en este período y a impulsar una amplia reforma constitucional o un nuevo proceso constituyente.
“Cada vez son más los sectores jurídicos, sociales y políticos que consideran que la Constitución de 1978 ya no resulta suficiente como marco fundamental y que hacen falta nuevas reglas constitucionales para dar solución a los problemas de la sociedad española actual”, dice la organización en una nota de prensa.
En este XXX Congreso participarán algunos de los expertos más relevantes en materia constitucional de España, como los catedráticos y profesores Javier Pérez Royo, Adoración Guaman, Miguel Revenga y Fernando Rey.
Asimismo, intervendrán representantes de las principales fuerzas políticas, como María Jesús Moro (PP), Rosa Aguilar (PSOE), Teresa Rodríguez (Podemos), Joan Coscubiela (Izquierda Unida-Izquierda Plural) y un representante de Ciudadanos. JpD ha elegido Cádiz para esta cita porque fue la cuna del constitucionalismo, al aprobarse allí en 1812 la primera Constitución española.
Jueces para la Democracia considera que ésta ha sido una “legislatura perdida en materia de Justicia” y se plantea la aprobación de una resolución que denuncie que en esta etapa “no se ha producido ningún avance significativo que mejore el sistema judicial”. Al contrario, cree que ha aumentado la sobrecarga en los juzgados, se han producido importantes recortes, se ha estancado la nueva oficina judicial y se ha paralizado la modernización tecnológica de los órganos judiciales.
JpD afirma que la etapa Gallardón ha sido negativa para el servicio público de la justicia y denuncia en especial la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que, a su juicio, trata de imponer una “nueva estructura judicial jerarquizada y poco respetuosa con la independencia y la inamovilidad judicial”. Reprocha también la reforma del Código Penal, que establece una versión de la cadena perpetua, y la Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza la protesta social.
La organización critica también que el único proyecto de Gallardón que salió adelante fuera la reforma del CGPJ, que ha permitido “un fuerte control político de la institución, ha suprimido buena parte de sus competencias y ha debilitado la separación de poderes”.
En esa línea, JpD denuncia el nombramiento de Carlos Lesmes como presidente del órgano de gobierno de los jueces, por ser una persona “con claras vinculaciones con el partido gobernante”, que se ha distinguido “por actuar al servicio de esos intereses políticos”.
JpD critica también la labor de Rafael Català al frente del Ministerio de Justicia, por haber aplicado “parches precipitados y erróneos”, como la reforma parcial de la Lecrim para limitar los plazos de instrucción, que “llevará a cierres en falso de las investigaciones penales y facilitará la impunidad en los casos de corrupción”.