Jpd pide a los grupos parlamentarios que faciliten la aprobación de la ley de enjuiciamiento criminal

La asociación Jueces por la Democracia (JpD) reclamó hoy a los grupos parlamentarios que aprueben al menos una parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo anteproyecto ha presentado hoy el Consejo de Ministros: la relativa a la vista oral, que en opinión de esta asociación sólo refuerza los derechos y garantías y por tanto debe suscitar el consenso de todos y no requerir que se alargue el trámite de enmiendas.
Así se lo trasladó a Servimedia su portavoz, José Luis Ramírez, quien valoró "muy positivamente" el anteproyecto, cuya filosofía dijo que comparte JpD. A ello se añadiría la "urgente necesidad" y la "oportunidad política" que atribuye a esta ley, porque, en su opinión, "no admite demora" la reforma de un sistema de investigación "muy ineficaz" y un juicio oral "con muy pocas garantías y muchas lagunas legales".
Ramírez aseguró que la nueva ley es "una reforma sistemática que corrige todas las lagunas que presenta la legislación vigente", y se declaró "convencido de que no va a suscitar ningún tipo de controversia, porque hay un clamor en el ámbito judicial" sobre la necesidad de introducirla. Por eso, y dado que "el interrogante" es el escaso tiempo que queda de legislatura, sugirió "desvincular" y aprobar en las Cortes la parte del anteproyecto que regula el juicio oral.
Para JpD, la única parte controvertida es la atribución de la instrucción al fiscal, pero su portavoz también la defendió porque España es el único país donde el juez instruye, y "no puede ser que dos personas (la otra es el fiscal) tengan la misma función y puedan dar órdenes a la policía judicial. Esto ha dado lugar a más de un conflicto", indicó.
"El problema es qué sistema de contrapesos efectivos se articulan para que la fase de investigacion no se haga de forma arbitraria", reconoció, apelando para impedir las posibles presiones políticas sobre un subordinado al Fiscal General del Estado a la figura prevista del juez de garantías que vela por la salvaguarda de los derechos y el procedimiento, así como a la acción popular si cree oportuno personarse. En cualquier caso, recordó que "en el 99% de los casos no hay componente político".