Quito, 30 ene.- El Consejo de la Judicatura de Transición de Ecuador, encargado de la reforma del sistema judicial, informó hoy de que terminará en aproximadamente un mes la revisión del desempeño de los aproximadamente 7.000 trabajadores del sector, tras analizar impugnaciones, y determinará entonces los que deben salir.
El Consejo administró pruebas psicológicas, de conocimiento, mérito y productividad a los funcionarios, desde jueces hasta fiscales, secretarios y ayudantes judiciales, en las que 70 puntos de 100 eran el mínimo para mantenerse en el trabajo.
"Al cabo de un mes aproximadamente tendremos los resultados definitivos y sabremos cuántas personas efectivamente no pasan la evaluación", dijo hoy en un encuentro con la prensa extranjera Tania Arias, vocal del Consejo.
"No es un asunto menor, estamos hablando de que podemos dejar sin trabajo a un número importante de personas", añadió Arias, quien dijo que la entidad cuenta con una estimativa, pero que no hará pública la cifra hasta el fin del proceso.
Las personas que no lleguen a la puntuación mínima o las que no estén conformes con su valoración aunque sea superior a 70 pueden impugnar el resultado.
Los empleados que al final sean despedidos recibirán una liquidación y una indemnización.
Arias aclaró que la ley establece que "quienes han recibido una indemnización del Estado no pueden volver al sector público salvo que, ganando un concurso, devuelvan la indemnización".
La renovación de la plantilla del sistema judicial ecuatoriano comenzó por la Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal del país, cuyos 21 nuevos miembros, escogidos por el Consejo, asumieron su cargo la semana pasada.
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