Juez ve indicios de delito en altos cargos que pagaron a yerno Rey de España

Palma de Mallorca (España), 31 may.- El juez del llamado "caso Nóos", que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a esa fundación que dirigió el yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarin, ve indicios de delitos en dos altos cargos que pagaron millones de euros a esta entidad.

El juez José Castro aprecia en el expresidente de la región española de Valencia Francisco Camps y la alcaldesa de esa ciudad, Rita Barberà, indicios de que cometieron delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración.

Según el escrito que Castro remitió hoy al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las contrataciones al Instituto Nóos por parte de administraciones públicas fueron actos que no obedecían a procurar el interés general, sino "al deseo de doblegarse a las exigencias" que les planteó Urdangarin, "muy cortesmente", en su calidad de miembro de la Familia Real.

El juez agrega que, en base a ello, Camps y Barberá asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía", y se adjudicaron contratos "a dedo", es decir, sin concurso.

Castro también considera que de la investigación del caso Nóos se desprenden "indicios racionales de que en Valencia habían tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva" en los que Camps y Barberá pudieron intervenir de forma "decisiva e imputable".

En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones de euros.

El objetivo era que la fundación supuestamente sin ánimo de lucro Nóos organizara las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006, así como que elaborara los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que nunca llegaron a celebrarse.

El escrito del juez detalla, asimismo, que Nóos empezó a trabajar en el primer evento de Valencia Summit antes de que se firmara el convenio, lo que indica que "estaba ya pactado" con el entonces presidente regional y la alcaldesa de Valencia.

El magistrado asegura que la cantidad de más de un millón de euros que cobró el Instituto Nóos la fijó unilateralmente dicha entidad y fue aceptada "sin discusión o negociación".

Para las otras dos ediciones del Valencia Summit, la entidad de Urdangarin volvió a cobrar la misma cantidad.

El juez Castro expone, además, que "para dar mayor impacto psicológico" a la negociación de los contratos, el esposo de la hija menor del Rey Juan Carlos citó a Camps y a Barberá en el propio Palacio de la Zarzuela, la residencia del monarca.

Según los datos facilitados al juez por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres -ambos están imputados en el caso- la reunión en Zarzuela pudo tener lugar el 29 de enero de 2004.

Tras conocerse hoy el escrito del juez, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le acusó de "falta de rigor" y dijo que en él existe "alguna falsedad determinante" y "juicios de valor".