Jueza analiza la documentación incautada en el Ayuntamiento de Valladolid

  • La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha comenzado a analizar la documentación incautada por la Policía en el despacho del jefe del Centro de Mantenimiento e Instalaciones Municipales del Ayuntamiento vallisoletano, ante una supuesta adjudicación irregular de 1.300 contratos.

Valladolid, 27 jun.- La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha comenzado a analizar la documentación incautada por la Policía en el despacho del jefe del Centro de Mantenimiento e Instalaciones Municipales del Ayuntamiento vallisoletano, ante una supuesta adjudicación irregular de 1.300 contratos.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), la incautación del material, tanto en papel como en soporte informático, lo llevó a cabo la Policía Judicial después de una petición en este sentido por parte de la Fiscalía a la jueza.

La denuncia de la Fiscalía señala una serie de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por parte de Luis Alberto Samaniego Conde, jefe del Centro de Mantenimiento e Instalaciones del Ayuntamiento de Valladolid, quien se encuentra suspendido de empleo desde el pasado día 2, según dichas fuentes.

De acuerdo con la denuncia, el jefe de mantenimiento podría haber adjudicado de manera irregular unos 1.300 contratos ordinarios y de obras públicas por valor de 11,2 millones de euros a empresas vinculada a él o a sus familiares.

Los agentes registraron en las primeras horas de la tarde de ayer el despacho del jefe de mantenimiento en el Ayuntamiento, en donde se incautaron de hasta 25 archivadores y carpetas con documentos, además de material informático, y también las sedes de diversas empresas vinculadas al mismo.

El Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por el PP, informó a la Fiscalía de la situación del jefe de mantenimiento el pasado día 16 y un día después lo hizo el grupo municipal socialista que no descarta personarse en el caso como acusación particular si "la fianza es razonable", anunció su portavoz, Óscar Puente.

Según el principal grupo de la oposición, el supuesto fraude afectaría a unos 1.300 contratos por valor, al menos, de 11,2 millones de euros, adjudicados entre los años 2000 y 2014 previo informe favorable del jefe de mantenimiento.

La primera teniente de alcalde, Mercedes Cantalapiedra, del PP, ha achacado el caso a un comportamiento aislado de un funcionario municipal.

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