Jueza española critica manifiesto sobre la crisis nicaragüense en la cita Ibérica

Managua.- La magistrada Elisa Pérez Vera, del Tribunal Constitucional de España, criticó hoy la lectura de un pronunciamiento sobre la crisis que afronta el Poder Judicial de Nicaragua durante la VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se celebra en Managua.

"Quiero insistir en que esto (la lectura de un comunicado) desde luego no ha pasado, no tenía por qué pasar y desde luego la Conferencia lo que quiere es desearle la mejor de las fortunas a los compañeros nicaragüenses en la solución dentro de la Constitución de Nicaragua de los problemas que ahora mismo tienen planteados", dijo la jurista española ante el foro.

Pérez Vera, también secretaría permanente de la VIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), manifestó que ese comunicado, de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), no tenía por qué ser leído en el marco de esa cita de jueces iberoamericanos.

Miembros de la Ajumanic se manifestaron con pancartas y consignas para expresar su respaldo a la permanencia de dos magistrados sandinistas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua que, aunque se venció su mandato, se mantienen en el cargo gracias a un decreto del presidente Daniel Ortega.

Este grupo leyó un comunicado en el foro en el que expuso su preocupación por la falta de integración de las Salas y los órganos de Gobierno de la Corte Suprema, a causa de la crisis que vive el Poder Judicial.

Pérez Vera dijo que el magistrado nicaragüense Francisco Rosales, afín al sandinismo, fue quien le comunicó que "posiblemente había alguien, una asociación, que quería leer un comunicado" durante el foro.

"En ese momento yo pugné entre el deseo de evitar cualquier utilización de la Conferencia para la resolución o el planteamiento de algún problema que, por ser doméstico, es ajeno a la Conferencia y en el que la Conferencia debe ser extraordinariamente respetuosa de la situación interna", continuó la jurista española.

Sostuvo que la crisis que afronta el Poder Judicial nicaragüense es un tema en el que no puede participar la Conferencia, ni puede tomar posición.

"Por tanto, es un tema que creo que nunca debió de tener acceso a esta sala", puntualizó.

Rosales, que ayer en su discurso de apertura en ese foro defendió el derecho de los sandinistas de promover la reelección de Ortega y criticó duramente al embajador de EE.UU. en Managua, Robert Callahan, y a la Iglesia católica, aclaró que la lectura de ese comunicado no será incluida en el acta de la Conferencia.

La Corte nicaragüense no ha podido en tres semanas celebrar una sesión plenaria (Corte Plena) para organizar ese poder del Estado, por ausencia de los jueces liberales, que así impiden legitimar un decreto de Ortega que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos, entre ellos a los magistrados sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra.

Solís y Cuadra, que el pasado 11 de abril cumplieron su período constitucional de cinco años, se niegan a abandonar el cargo amparados en esa disposición.

La Corte está integrada por 16 magistrados: ocho sandinistas y ocho liberales, aunque estos últimos sólo cuentan con seis por la muerte de uno de sus jueces en mayo de 2009, Guillermo Selva, quien no ha sido reemplazado, y porque Damisis Sirias no se amparó en el decreto de Ortega.