"Tras una consideración cuidadosa, no creemos que el delito" que motiva "la demanda de extradición esté contemplado en la ley británica", dijo un portavoz de la fiscalía británica.
"La razón principal es que las leyes (británicas) relevantes sobre el presunto delito en este caso no cubren los actos de ciudadanos no británicos", agregó.
"El general ha quedado en libertad sin condiciones", informó por su parte el bufete de abogados Omnia Strategy, que representó a Karenzi y del que es fundadora Cherie Blair, la esposa del exprimer ministro Tony Blair.
Karenzi, de 54 años, "nunca debió ser arrestado y el proceso de extradición nunca debió iniciarse", por lo que Omnia "se complace en que el general pueda volver a casa con su familia", añadió.
Sus abogados atribuyeron la decisión de la justicia británica a que "las autoridades españolas admitieron que el general no cometió ningún delito que pudiera ser perseguido en Inglaterra o España", algo que no mencionó la fiscalía británica en su comunicado.
Una fuente judicial dijo a la AFP que España no había abandonado el caso, pero que el juez británico a cargo, Howard Riddle, "estimó que el Reino Unido no era competente para conocer ese tipo de delitos cometidos fuera del territorio británico".
La justicia española le reclamaba por delitos de terrorismo que resultaron en la muerte de nueve españoles en los años convulsos que siguieron al genocidio de 1994. Sin embargo, Ruanda vio tras el caso "la arrogancia" de los países occidentales, en palabras del presidente Paul Kagame.
Karake quedó en libertad bajo fianza al poco de ser detenido en junio y tenía que volver a comparecer en octubre, una audiencia que seguramente no tendrá lugar.
La ministra de Relaciones Exteriores ruandesa, Louise Mushikiwabo, se congratuló por la decisión y anunció que Karenzi podría volver a Ruanda.
"¡Encantada! ¡El general Karenzi Karake vuelve a casa! Fue un proceso innecesario y abusivo", escribió en twitter.
Karake no pertenecía al gobierno hutu acusado del genocidio de tutsis en el país africano en 1994, sino al movimiento rebelde que lo derrocó, el FPR, el Frente Patriótico de Ruanda, aunque a este se le atribuyeron también abusos contra civiles.
El arresto de Karake se produjo siete años después de que la Audiencia Nacional, la principal instancia penal española, lanzara un proceso judicial contra 40 militares ruandeses acusados de genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, los cargos más graves fueron abandonados por la modificación de la ley sobre la justicia universal que posibilitaba a los tribunales españoles hacer esas inculpaciones, y el caso acabó limitado a la muerte de los nueve españoles.
al.zm
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