La alterada vida de cinco familias mexicanas por la desaparición forzada de sus hijos

Cuando llegaron, pasaron la primera noche en vela sentados en frías sillas de plástico pero, con los días, los angustiados padres transformaron el lugar en un campamento a la espera de noticias sobre sus hijos desparecidos desde el 11 de enero.

"Tenemos ya una casa aquí", dice Columba Arróniz González, tratando de mantener el ánimo, mientras calienta las tortillas y sirve caldo a su demacrado esposo en el patio de la fiscalía.

Ambos son padres de Bernardo Benítez, de 25 años, uno de los cinco desaparecidos en el caso de Tierra Blanca, Veracruz (este), que se ha convertido en un nuevo símbolo de las desapariciones forzadas -cometidas por autoridades- cada vez más frecuentes en México.

El caso ha sido comparado con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero (sur) en septiembre 2014, cuando policías municipales atacaron a los jóvenes y los entregaron a un cártel que, según las autoridades, los asesinaron.

Al menos 275 denuncias por desaparición forzada han sido presentadas ante la fiscalía mexicana desde 2006 y hasta septiembre de 2015, según información de la dependencia a la que la AFP accedió a través de la ley de transparencia.

Las cifras han escalado vertiginosamente: de cuatro denuncias en 2006, cuando el gobierno declaró la guerra al narcotráfico, se pasaron a 68 en 2014. En los primeros nueve meses de 2015 fueron 41.

Sin embargo, sólo en 15 de las denuncias se abrió un proceso judicial. En el caso de Ayotzinapa, los policías fueron procesado por secuestro, pero ninguno por desaparición forzada.

En Veracruz, siete policías estatales han sido detenidos y acusados de la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca: una chica de 16 años, Susana Tapia, Bernardo Benítez, José Benítez (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (28 años) y José Alfredo González (25 años).

Los detenidos, entre ellos el jefe policial de la zona, han dicho que los entregaron a integrantes de la delincuencia organizada. Y, el sábado, el jefe local del Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido por el caso.

Los jóvenes, todos residentes de Playa Vicente, habían ido de fin de semana al puerto de Veracruz (a 99 km) para festejar el cumpleaños de uno de ellos.

Tras la fiesta, el lunes 11 de enero en la mañana regresaban a casa cuando decidieron desviarse para desayunar en Tierra Blanca, explican sus familiares.

En este caluroso pueblo, cercano al Golfo de México, operan bandas del crimen organizado dedicadas a robar gasolina de ductos.

Dionisia Sánchez, madre de Mario Arturo, dice que los detuvieron por "exceso de velocidad" pero, inexplicablemente y como se aprecia en imágenes de cámaras de seguridad, dos policías subieron al automóvil de los chicos y a dos de ellos los metieron a la camioneta oficial antes de llevárselos.

En el transitado lugar donde fueron detenidos hay dos gasolineras y un supermercado y a 100 metros están las instalaciones de la policía estatal.

Trabajadores de una de esas gasolineras dicen no haberse dado cuenta, pero los vecinos comentan en voz baja que los policías estatales "estaban apoderados del pueblo".

Ahora, los cinco chicos se suman a los más de 26.600 desparecidos en México desde 2006.

De hecho, madres de otros desaparecidos que llevan meses o años buscando sin éxito a sus hijos llegan diariamente a solidarizarse con las cinco familias de Playa Vicente.

En su caso hubo una persona clave para ubicar a los responsables: un amigo que estaba en el supermercado vio cuando los policías los detuvieron.

El testigo logró hablar con José Benítez, quien lo tranquilizó diciéndole que se trataba de una revisión "de rutina". Pero cuando vio que se los llevaban, volvió a marcar a sus celulares. Ya habían sido apagados.

Los familiares se trasladaron a Tierra Blanca, iniciaron la búsqueda y denunciaron la situación a las autoridades pensando que, al tratarse de policías, quizás sólo los tenían detenidos y no trataban de realizar un secuestro con rescate como hacen los criminales de la zona.

"Quizá no lograron hacerlo (pedir rescate) porque nosotros descubrimos muy rápidamente quien los había agarrado", dice con pena Bernardo Benítez, de 54 años, que se llama igual que su hijo desaparecido.

Si hubieran sido personas del crimen organizado "hubiéramos pensado que era un secuestro pero si es de la policía, ¿Qué puedes pensar?", se pregunta.

Este hombre que hace siete años pagó un millonario rescate para recuperar a su padre secuestrado, que sigue desaparecido, dice que ahora está dispuesto a dar la vida para que le devuelvan a su hijo.

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