Los dos policías condenados por dar el chivatazo a ETA no irán a prisión. Al menos, de momento. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido la ejecución de la sentencia que les condenaba a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación hasta que el Gobierno decida si les indulta o no.
Entiende la Sección Tercera, la misma que juzgó a los dos policías, que es razonable esperar a que el Ejecutivo se pronuncie sobre la petición de Enrique Pamies y José María Ballesteros de que se les aplique la medida de gracia, único recurso que les queda después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional.
Según el auto emitido por el tribunal, la suspensión está "plenamente justificada" al no tener los condenados responsabilidad civil ni otros procedimientos penales pendientes. La Audiencia argumenta también que la paralización de la ejecución es procedente porque la pena impuesta es de tan solo un año y medio de prisión.La Fiscalía, explica el mismo escrito, apoya la decisión de esperar a que se pronuncie el Gobierno.
Los dos funcionarios –condenados por dar un soplo a un colaborador de ETA en mayo de 2006– también interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional después de conocer la resolución del Supremo, pero este aún sigue pendiente.Fernández Díaz estudia el indulto
Fuentes del Ministerio del Interior aseguran a Seguridad y Tribunales que el máximo responsable del departamento, Jorge Fernández Díaz, se ha interesado por el asunto y aún no hay ninguna decisión tomada, sino que en este momento lo está valorando.
La postura del Gobierno choca radicalmente con la mantenida por el Partido Popular durante la oposición –con interpelaciones continuas al entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba al respecto del caso Faisán– y en el proceso judicial –con la personación por parte de la formación política y la petición de altas penas contra los policías ahora pendientes del indulto–.
Enrique Pamies era jefe superior de Policía del País Vasco cuando se produjeron los hechos y José María Ballesteros ocupaba un cargo dentro del grupo que investiga el terrorismo islámico en Vitoria. Este último se encontraba en Irún, donde tuvo lugar el chivatazo, el mismo día y a la misma hora en la que el equipo investigador sitúa la delación. Un cruce de llamadas entre Ballesteros y Pamies involucra al entonces máximo responsable policial en la comunidad autónoma.
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