La Audiencia Nacional tumba la instrucción del Caso Faisán

La Audiencia Nacional ha criticado la investigación del caso Faisán, en el que han sido exculpados tres altos mandos policiales acusados de un presunto chivatazo a ETA en 2006, al considerar que el procesamiento se basó en"hipótesis no suficientemente fundadas".

En un auto judicial difundido el jueves y cuyo fallo ya fue adelantado en septiembre, el alto tribunal dice que el juez Pablo Ruz basó sus acusaciones únicamente en el equipo policial que investigó la filtración que condujo a que se abortara una operación contra el aparato de extorsión de ETA en Irún en mayo de 2006.

"Los resultados de sus investigaciones han sido continuamente cuestionados, tachados de parciales o interesados por las defensas de los recurrentes", dijo el auto, de 44 páginas.

La Audiencia Nacional ordenó en septiembre a Ruz que continuara investigando el caso tras revocar por falta de pruebas el auto de procesamiento en el que estaban imputados el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros.

"Los indicios de criminalidad, sin duda existentes, sin embargo resultan insuficientes a los efectos requeridos de sustentar el procesamiento", añade el texto.

El llamado "caso Faisán" adquirió relevancia mediática a raíz de saberse que Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de la localidad guipuzcoana de Irún que era supuestamente la base de una red de extorsión del llamado "impuesto revolucionario" de ETA a empresarios vascos, había recibido una llamada que alertaba de una redada policial en la primavera de 2006.

Ruz ordenó el procesamiento basándose en el tráfico de llamadas entre los altos mandos policiales previamente a la acción policial, en el testimonio del dueño del bar y en la presencia en la zona del inspector Ballesteros el día del operativo.

El "chivatazo" se produjo tres meses después de que ETA decretara una tregua en su lucha armada por un País Vasco independiente, lo que llevó al Partido Popular a preguntar al Gobierno si había habido alguna instrucción política del Ministerio del Interior a los mandos policiales.