Oviedo.- La ausencia del arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha marcado el juicio iniciado hoy en el Juzgado número 2 de Oviedo por el derrumbe de una parte del graderío del Palacio de Congresos de Buenavista, que tuvo lugar en agosto de 2006 y que supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros.
De esa cantidad, 3,5 millones de euros fueron pagados a la empresa promotora del proyecto Jovellanos XXI por la aseguradora Allianz, que pretende recuperar ahora la cantidad abonada en un juicio que también puede aclarar si el derrumbe se debió a una mala ejecución del proyecto o a un fallo de diseño.
Al inicio de la vista, el abogado del arquitecto ha aportado un certificado médico en inglés para justificar la ausencia de su defendido, escrito que no ha sido admitido por el juez que, por lo tanto, ha considerado hechos ciertos aquellos que puedan ser perjudiciales para los intereses del demandado.
El que sí ha comparecido ha sido el encargado de "In Hoc Signo Vinces", el estudio que Calatrava tiene en Valencia -tiene otros dos en Zúrich y Nueva York-, Javier Fernández Pozuelo, que el día del derrumbe, la madrugada del 9 de agosto de 2006, ejercía de ingeniero en el mismo despacho.
Fernández Pozuelo ha asegurado que la dirección técnica de la obra estaba "diluida" entre todo el personal técnico del despacho, que entonces tenía en Valencia veinte arquitectos y otros tantos ingenieros.
En su opinión, contaban con medios técnicos y humanos suficientes para desarrollar una obra que Calatrava "supervisaba", pero que no conocía al detalle porque "alguien que tiene 30 obras en todo el mundo no puede estar en el día a día y en todos los detalles".
"Las grandes decisiones del proyecto las tomaba Calatrava con croquis explicativos y dibujos que mandaba y revisaba los planos en algunos casos y siempre que era algo importante", ha subrayado.
Previamente, el representante de la promotora del proyecto, Alberto Lago, había señalado que Calatrava visitó en dos ocasiones la obra, cuya dirección técnica llevaba el propio despacho del arquitecto valenciano por 7 millones de euros.
Según el representante de Jovellanos XXI, la dirección facultativa del proyecto, es decir, el estudio de Calatrava, era el que "proponía y disponía", por lo que la constructora no hacía "nada que no estuviese visto y visado por ellos".
Antonio Álvarez, representante de la subcontrata "Esdehor", encargada de hacer el encofrado de la obra, también ha asegurado que antes de hormigonar tenía que pedir permiso a la dirección facultativa y que se hacía lo que ésta mandaba.
El director del despacho valenciano de Calatrava, como miembro de la dirección facultativa de esta obra, ha asegurado que ellos no eran los encargados de seguir los trabajos auxiliares de apuntalamiento, tarea que debía llevar a cabo la constructora, y ha incidido en que si tras el derrumbe se cambio el proyecto se debió exclusivamente a razones arquitectónicas.
El juicio está previsto que concluya mañana, una vez finalicen la prueba testifical y la declaración de los peritos.
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